La Salud Pública o el derrumbe de las ilusiones de una época

Lo más grave de la discusión actual entre los defensores del modelo de salud pública de la reforma de los servicios de salud en Colombia y los defensores de la salud pública tradicional de la época del Sistema Nacional de Salud, es que las dos posiciones se enfrentan desde hace ya diez años en un debate que se lleva siempre al campo de lo técnico instrumental o de lo político ideal y que, por lo mismo, se vuelve estéril, desenfocado y casuístico.

Por esta razón, los argumentos de lado y lado cansan, agotan y no llevan a nada productivo, mientras no se dé una evaluación global del impacto de la reforma de los servicios de salud durante estos diez años, sobre la salud de la población. Evaluación que, necesariamente, tiene que realizarse por un organismo ajeno al Ministerio de la Protección Social y ajeno al Sistema de Seguridad Social en Salud actualmente vigente.

¿Las razones? En primer lugar, aceptar las frivolidades sobre la salud pública que los epígonos de la reforma de los servicios de salud nos quieren imponer como su justificación para lo que se está haciendo, no lleva a nada como no sea a reafirmar su ingenuidad sobre los beneficios , hace mucho desacreditados en el mundo entero de ciertas actividades de promoción de la salud, para proteger a poblaciones con altos riesgos de enfermar y de morir, los cuales, aplicados como lo hacen las empresas promotoras de salud (EPS), no dejan de ser un intento hábil para poner a depender la salud pública de las coberturas de atención médica, en beneficio de sus estados financieros.

Pura biorregulación de un sector muy escaso de la población, de acuerdo a los intereses de la misma reforma que, por todos los medios, busca reducir los costos de la atención. ¿Por qué? Sencillamente porque también la salud pública, concebida de manera instrumental, en este caso la promoción de la salud, hace parte del negocio y, con verdadero espíritu de empresario, se piensa que estas actividades pueden ayudar a la empresa a reducir costos en términos de consultas, complicaciones y hospitalizaciones.

Nada menos pero tampoco nada más. Dentro de esta posición, no existe ninguna consideración de tipo social que los obligue a pensar en un modelo de atención más adecuado y eficiente para mejorar los problemas de salud de toda la población. De lo contrario, hace mucho que habrían de haber superado la memez actual, con ayuda ciertamente de las universidades, las que siguen también en este campo en un silencio más que preocupante, sin hacer un pronunciamiento claro a la opinión pública del país, como es su deber, sobre el impacto de diez años de reforma de los servicios de salud, sobre la situación de salud de la población. Algo que debe hacerse urgentemente y comparativamente a lo que la reforma recibió como herencia del Sistema Nacional de Salud en 1993. ¿Ha mejorado? ¿Ha seguido igual? O ¿se ha deteriorado? Es necesario que el gobierno y el opaco Ministerio de la Protección Social respondan a estas preguntas, porque eso era lo que habían prometido al pueblo colombiano para cuando se cumplieran diez años de reforma.

Muy posiblemente, la situación de salud de la población del país le interese a muy pocos y los intereses económicos alinderados alrededor del modelo actual de servicios de salud sean demasiado poderosos . Porque bastó con que la Ley orgánica 715 y el estudio realizado por el grupo de consultores españoles y nacionales, sobre la modernización en la formación de los recursos humanos, hablaran de redes escalonadas de atención, de atención integral o atención primaria, de regulación de la oferta y de la salud pública como responsabilidad del Estado, para que surgieran las demandas provenientes del sector privado, que reclamaron y fueron escuchados por la Corte Constitucional, paradójicamente en el sentido de que la oferta de un servicio público como es el de la salud, cuando estuviera a cargo del sector privado, no podía ser regulada por el Estado. Y no sólo eso, también cosa que ya es una constante histórica, las escuelas de medicina reaccionaran como siempre lo han hecho: con pánico frente a la idea de tener que cambiar, cuyo resultado fue prácticamente acallar toda voz que pretendiera rescatar los contenidos importantes y progresistas que la norma mencionada contenía.

En segundo lugar, y dentro de los amigos del modelo de salud pública, utilizado por el Sistema Nacional de Salud, fundamentado en un Estado sólido y fuerte responsable de la salud de la población, una política del Estado sobre la salud y el bienestar de toda la población, no hay fuera de Cuba, un ejemplo utilizable en la actualidad en América Latina, aunque sí los hay en Canadá y Europa, como es el caso de España, Inglaterra, los países bajos y los países nórdicos. Pero, para desgracia nuestra, para los defensores del modelo de la reforma de los servicios de salud en nuestro país, los anteriores ejemplos son países foráneos ajenos a la cultura de nuestro pueblo que, según la chata visión de nuestros dirigentes, es una cultura que se siente bien en el negocio, el mercado y la competitividad. Porque más allá del ejemplo de Cuba, cada vez más alejado políticamente de las condiciones generales de las sociedades latinoamericanas, y más inaplicable en la actualidad, ese modelo de salud pública quedó definitivamente enterrado con el modelo de Estado interventor en América Latina.

Por estas razones, cuando creemos tener su concepto en forma concreta, vuelve y se nos escapa entre los dedos y nos damos cuenta que esa tampoco era la salud pública. En este engaño, todos hemos vivido ya muchísimos años, creyendo que la salud pública era algo que se debía enseñar y algo que la población debía aprender, empezando por los estudiantes de medicina que, muy inteligentemente, nunca se la han tragado.

Algo por lo que se debía luchar y algo a lo que podríamos dedicar nuestras vidas. Pero siempre, como algo que cuando la buscábamos en el centro, se nos movía para la periferia y cuando la buscábamos en la periferia, se no movía para el centro. Ubicua y abstracta como la idea de Dios, del bien y del mal, de la libertad, del bienestar y de la democracia. Casi como las virtudes teologales: Fe, esparanza, caridad y salud pública.

Pero la realidad, a mi modo de ver, es que ya no podremos pensar más en la salud pública como una acción puramente instrumental para asegurar el completo estado de bienestar físico, social y mental de toda la población, concebida como instrumento o como una mera técnica de promoción de la salud o más sólidamente pero, de todos modos, convertida en una tarea técnica, como la formulación de una política que pueda nacer y dar sus frutos en cualquier tipo de sociedad o de estado. En este último caso, la suerte de la Ley orgánica 175 del 2001, así lo demuestra.

La realidad es, pienso yo, que la salud pública no existe como disciplina separada de una ciencia del Estado. Por esto, no es una coincidencia que la salud pública tuviera, como uno de sus orígenes, la aparición de la política de biorregulación de la población, coincidiendo exactamente con la aparición de la preocupación por sistematizar una ciencia del Estado.

Así las cosas, la salud pública, es sólo uno de los tantos atributos que tiene que tener un Estado verdaderamente democrático, un Estado para todos, un Estado equitativo, solidario, sin cortapisas de ningún tipo; en resumen, un Estado que en lo social se fundamente en el objetivo del respeto y la responsabilidad por el bienestar de su población y no por la eficiencia en los negocios privados, ni en el mercado ni en la competitividad.

Un Estado interventor como el que, en alguna vez, tuvimos en el país y en América Latina, con todas sus limitaciones; tampoco pudo realizar el ideal de la salud pública, aunque se acercó mucho de acuerdo a los países. ¿La razón? Porque el Estado de bienestar fue un momento culminante dentro de la evolución del Siglo XX, dentro del cual el capitalismo nacional, amenazado por el triunfo del socialismo, llegó a una conclusión verdaderamente revolucionaria. Que debía compartir sus ganancias con la población subsidiando un Estado que prestara servicios fundamentales para el bienestar de la población, con la finalidad de que la población tuviera la capacidad de consumo necesaria para el crecimiento de su modelo económico.

Por esto, mucho menos podrá realizar la salud pública un Estado como el actual, fundado en el ánimo de lucro de las empresas, el mercado y la competitividad, realizando vacunaciones, vaso de leche y educación sanitaria a grupitos de población con alto riesgo de enfermar o de complicarse. Mientras haya una sociedad con un grado de injusticia social como la nuestra y como muchas más de Latinoamérica y el mundo, no podrá concretarse de nuevo esa idea rectora de la salud pública.

En esta forma podría concluirse que la salud pública hace parte inseparable de la visión de un Estado que, dentro de la historia de la humanidad, se ha dado ciertamente en muy pocas ocasiones. Y que si queremos realizar la salud pública concretada de verdad en una población de niños, adultos y viejos sanos y con bienestar físico, mental y social, lo que hay que hacer es luchar por un Estado verdaderamente equitativo, un Estado absolutamente para todos, sin distingos de raza, credo político o clase social.

Y este es un problema eminentemente Político e histórico, de Política e historia, no de politiquería; es decir, de aquella maquinación que se hace a través de los partidos políticos. Porque este monstruo tiene la capacidad de devorar las buenas intenciones de los ingenuos. Así de simple es el problema de la salud pública en la actualidad. Pero, así de complejo es el desafío.

Mientras tanto, aunemos fuerzas para exigir una evaluación justa, imparcial, y objetiva del impacto de estos diez años de negocios e improvisaciones, no sobre la situación financiera sino sobre el estado de salud de la población colombiana. Y si el Estado no la hace, preparémonos para hacerla nosotros mismos. Ello es posible.

Por doctor Eduardo Cano Gaviria

Médico Salubrista