Acerca de la "bomba" pensional

Por Representante Wilson Borja Díaz

El actual gobierno ha impulsado dos reformas al régimen pensional contenidas en las leyes 797 y 860 de 2003, y tiene en salmuera una tercera, que al decir de los altos funcionarios, no se presentó en este semestre para no entorpecer el debate sobre el tema fundamental de la clase política y del ejecutivo como es la reelección inmediata del presidente Uribe, quien, además, fue artífice de la famosa Ley 100.

En torno a este tema, se discuten varios elementos, unos políticos, otros económicos, que se resumen en uno solo: una política de desmonte de las prestaciones sociales (llamada por algunos carga laboral), conquistadas en las décadas anteriores y que, al decir del empresario, encarece la mano de obra y no permite crear nuevos puestos de trabajo. Bajo este supuesto, se impulsó igualmente la reforma laboral mediante la cual se recortó horas extras, se flexibilizó el contrato de aprendizaje, entre otros aspectos, constituyéndose en un verdadero negocio para las empresas; con creces les fue devuelto el impuesto de guerra. El discurso de la seguridad democrática ha encubierto el desmonte de la Constitución de 1991 y todas las reformas laboral, pensional, judicial y política.

Ahora bien, el gobierno optó por hacer reformar parciales que no causen mucho impacto pero que, acumuladas, logren el objetivo; incremento de las semanas (1.300), aumento de la cotización (13,5), rebaja del porcentaje de la mesada (65% y 55%) base de liquidación (toda la vida laboral). Significa lo anterior que, con la inestabilidad laboral imperante y con deslaboralización mediante la cual el trabajador tiene que asumir toda la cuota, las posibilidades reales de adquirir el derecho se alejan cada vez más. De otra parte, el Estado y el empresariado se descargan de la obligación de compartir la creación del ahorro para formar el capital pensional y, dentro del concepto del Estado comunitario, cada habitante debe hacerse responsable de tales prestaciones o derechos, mediante el ahorro y el esfuerzo individual.

Pero, desde luego, el problema del sistema pensional no es sólo un asunto de cotizaciones, semanas o montos. El trabajo temporal no permite lo que llaman los expertos la fidelidad al sistema; esto es, que los requisitos de tiempo y edad se cumplan simultáneamente; las sucesivas interrupciones en la cotización por la temporalidad alejan las posibilidades de adquirir el derecho bien en el sistema de prima media (ISS) o en el de ahorro individual (fondos). Algunos sostienen que, en promedio, los colombianos sólo tiene trabajo siete meses al año.

Igualmente, es un problema macroeconómico, y es tal vez éste el más grave y el menos analizado por los trabajadores y sus organizaciones, y es también el que maquilla y manipula el gobierno nacional para justificar las reformas. Hay que partir de la precisión de que los trabajadores cotizaron loo ordenado por la ley y, por tanto, hicieron su respectivo aporte (ahorro), porque la forma como plantean el problema el gobierno, los gremios financieros y empresariales, es una carga que recae sobre los contribuyentes y ellos, desde luego, sin que mediara ninguna cotización por parte de los pensionados y de los futuros pensionables. Se supone que lo propio hicieron los patronos, esto es, también consignaron sus aportes.

Entonces, surge la pregunta: ¿En qué consiste la llamada bomba pensional que significa la amenaza de que no se tengan los recursos para responder con las mesadas tanto en el sector público como en el privado (ISS)? Quizás la bomba se encuentre en la defraudación que hicieron los representantes de la clase política que han administrado las empresas estatales, en donde se manejan los pondos o las reservas de las pensiones. Recuérdese los casos de Granahorrar y el Banco Central Hipotecario, para mencionar solo algunos. Billones de pesos correspondientes a las cotizaciones (ahorro público) de los asalariados, invertidos en aventuras financieras (o en títulos cuyos montos y rendimientos no son conocidos) sin que haya responsables, gracias a la impunidad, la corrupción y, en parte también, a la amnesia de los sectores populares.

Por lo anterior, es necesario levantar la bandera por la exigencia de una comisión de la verdad que establezca el paradero de los dineros de las reservas del Seguro Social, las razones por las cuales los distintos gobiernos se resisten a devolverlas y cifras reales sobre número de pensionados y montos de las mesadas; porque no se puede permitir que continúe el chantaje oficial respecto de la necesidad de otra reforma y la desaparición de esta indispensable prestación social, y que se tienda una cortina de humo respecto de los responsables de las defraudaciones de los ahorros de los colombianos y la verdadera causa del debilitamiento del sistema pensional, como son el desempleo y la pobreza, en tanto no se tenga capacidad de ahorro.

Hay que derrotar la tesis de que la culpa la tienen los asalariados y sus convenciones colectivas. Hay que motivar la movilización nacional por la verdad y la solidaridad con los pensionados que hoy, con sus pobres mesadas, cargan con los hijos y los nietos desempleados, y por la defensa de esta prestación social para las futuras generaciones de colombianos.