Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Por doctora Martha Lucía Correa Escobar
Tesorera de Asmedas Antioquia
Miembro de la Secretaría Nacional de la Mujer

Los días 10 y 12 de junio pasado, se realizó en la ciudad de MÉXICO D. F. la novena conferencia sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Fue una ocasión privilegiada para hacer un reconocimiento pleno de los aportes de las mujeres en múltiples ámbitos del desarrollo y poner de relieve su vocación constructiva, respetuosa de la diferencia, y la creatividad con la que han enfrentado las falencias políticas y de recursos, para impulsar una agenda de gran relevancia para el progreso de los países de la región.

La conferencia realizó un balance de los logros y desafíos en relación con la pobreza y la equidad de género, de los avances y retrocesos en las esferas institucionales y de la participación política. Así mismo, se puso a consideración de los países una serie de propuestas de estrategias para continuar avanzando hacia programas de reformas y de investigación que permitan la consecución definitiva, en esta década, de la igualdad plena entre hombres y mujeres, y la eliminación de todas las formas de discriminación.

Se evaluó cómo l as dos últimas décadas se han caracterizado por profundas transformaciones provocadas por la irrupción de las mujeres en el mundo público. Estas han abarcado, entre otros aspectos, los cambios en el mundo del trabajo, los logros educativos, las bajas notables de la fecundidad femenina, las consecuentes modificaciones de las relaciones familiares y el progreso, importante aunque insuficiente, en materia de acceso a la toma de decisiones.

Sin embargo, la mayoría de los hombres no participan en el trabajo del hogar, ni en el conjunto de las actividades de cuidado no remuneradas que trae aparejadas la vida comunitaria y social, con la consecuente concentración del trabajo doméstico en manos de las mujeres. La armonización del ámbito público y privado plantea desafíos en el campo de los valores y los comportamientos y requiere de políticas públicas que favorezcan la redistribución de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. En el ámbito institucional, se han creado nuevas entidades, en el marco de complejos procesos de reforma del Estado.

Los cambios legislativos han dado origen a oportunidades y desafíos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio real e integral de los derechos humanos de las mujeres. Nuevos conocimientos y una amplia gama de experiencias en el ámbito de las políticas demuestran que la igualdad de género tiene efectos positivos en el desarrollo. Dos áreas son sumamente importantes, tanto para la región como para el logro de la igualdad de género: la superación de la pobreza y el empoderamiento de la ciudadanía, en un contexto democrático.

En el capítulo sobre empoderamiento, participación política y desarrollo institucional: se abordaron las relaciones entre la participación política y el desarrollo institucional necesarios para promover el empoderamiento de las mujeres. El concepto de empoderamiento es un concepto político que trasciende la participación política formal y la conscientización. Aunque haya surgido en el proceso de lucha por los derechos civiles (León, 1997), hoy en día hace referencia a la necesidad de generar cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El poder se entiende aquí como el acceso a recursos físicos e ideológicos en una relación social siempre presente. Se trata, entonces, de transformar las reglas del juego que establecen la distribución de la riqueza material y simbólica, la capacidad de decidir libremente en la sociedad y la familia, incluyendo la reingeniería del tiempo, en un proceso de búsqueda de la igualdad. En este sentido, desempeña un papel central la transformación de las instituciones sociales, económicas, jurídicas y políticas que encarnan las actuales relaciones de poder.

Se plantea que las desigualdades se esconden tras la aparente neutralidad de las instituciones que gobiernan las relaciones sociales, que construyen y reproducen las desigualdades a través de normas de distribución del poder, de los recursos y el tiempo de las personas. Por esta razón, los compromisos internacionales suscritos por los gobiernos en pro de la igualdad y respeto de los derechos de las mujeres requieren la renovación de los marcos jurídicos e institucionales. Los cambios institucionales que están en marcha, algunos irreversibles y otros más bien volátiles, coexisten con un marco institucional que frecuentemente se resiste al cambio y que, incluso, fomenta retrocesos en materia de equidad de género. Así mismo, es importante tener presente que el contexto social y político influye de manera determinante en la legislación de los países, en la aplicación de las leyes y también en la estabilidad de las políticas.

Pobreza, autonomía económica y equidad de género

En el proceso preparatorio de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se planteó la centralidad de la lucha contra la pobreza. En contraste con los enfoques tradicionales, que vinculan la pobreza a la situación de la mujer y confinan la problemática de la desigualdad dentro de sus límites, la inclusión de la perspectiva de género amplía el concepto de pobreza y lo inserta en el tema de la igualdad social. Por ende, se abrió un espacio a los debates que vinculan la pobreza a la política económica, el crecimiento, la equidad social y el desarrollo sostenible, desde una perspectiva dinámica que abarca todas las etapas de la vida. Esta nueva perspectiva requiere recuperar una visión de la seguridad social basada en los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia.

Con el fin de responder a la complejidad de la pobreza entendida en estos términos, se intenta diseñar y perfeccionar políticas, programas y proyectos en la región, y se aboga por la inversión social, el gasto público en educación y salud, los programas focalizados y la asignación presupuestaria que permita movilizar los recursos estatales y sociales necesarios para eliminar la desigualdad. Igualmente, resulta fundamental incidir en las reformas en los sectores de la salud, la educación, la justicia, la política fiscal, la tecnología y otras grandes transformaciones a nivel global, lo que exige que la agenda de género encuentre eco al más alto nivel político y se le destinen más recursos presupuestarios y técnicos.

Se planteó que, p ara entender el fenómeno de la pobreza y su persistencia en la región, es necesario analizar sus vínculos con la equidad en el empleo y, en especial, con la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres. En este capítulo se sostiene que, siendo la pobreza un fenómeno multidimensional sintetizado por la carencia crítica de ingresos, su análisis requiere, además, visibilizar otras relaciones de poder y, en el caso de las mujeres, muy particularmente aquellas relacionadas con el trabajo no remunerado, los derechos reproductivos, la violencia contra la mujer y el uso del tiempo.

El índice de feminidad ajustado de la pobreza para América Latina (CEPAL, 2003) presentó valores superiores a 100, tanto en las zonas urbanas como rurales, lo cual demuestra que hay una mayor presencia femenina en los hogares pobres, fenómeno que se manifiesta con más intensidad en el grupo etario de 20 a 59 años, cuyo índice es superior a 100 prácticamente en todos los países, en forma persistente y generalizada durante toda la década, en áreas urbanas y rurales.

El desarrollo y, más específicamente, las políticas económicas y sus efectos sobre la pobreza, vienen siendo objeto de estudio desde la perspectiva de género, marco en el que se llama la atención sobre el hecho de que las diferencias biológicas entre los sexos no explican por sí solas fenómenos como el de la sobrerrepresentación de las mujeres entre 20 y 59 años, es decir, en edad activa y reproductiva, entre los pobres (CEPAL, 2003), y tampoco el que sean ellas las principales responsables del cuidado de los niños, enfermos y adultos mayores, así como, en general, de todas las actividades vinculadas a la reproducción social. Es la ubicación predominante de las mujeres en la órbita de lo reproductivo la que opera como una primera forma de exclusión, tanto en el ámbito de lo económico como de lo político y lo social, restringe la gama de sus oportunidades laborales y de participación en la esfera pública, limita el desarrollo y el uso de sus capacidades y condiciona los resultados de sus actividades.

La desigual división sexual del trabajo, además de asignar una sobrecarga de tareas a las mujeres, les resta tiempo para capacitación y recreación y constriñe sus opciones en cuanto a incorporación al mercado laboral, acceso a puestos de trabajo más diversificados y obtención de ingresos suficientes; también acota su capacidad para participar en la actividad social y política.

La definición de la discriminación de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

El Artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Fuente : Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Nueva York. 1979.