Hacia un nuevo modelo de Seguridad Social en Riesgos Profesionales

Por doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez
Médico y Cirujano
Especialista en Salud Ocupacional
Diplomado en Seguridad Social
Especialista en Cultura Política

Para iniciar esta reflexión parto de un hecho contundente ya conocido y aceptado en los ámbitos político, económico, social, sindical y académico del país: El colapso del modelo neoliberal de Seguridad Social impuesto en la Ley 100 de 1993, engendro del otrora Senador de la República, hoy Presidente de Colombia, el abogado Álvaro Uribe Vélez, cuyo objetivo central era y es acabar con la seguridad social pública, especialmente con el Seguro Social, Cajanal y Caprecom, para despejarle el camino a las entidades del sector privado, volviéndose un negocio ya no la salud sino la enfermedad y la muerte.

Además, producto de la Ley 100, muchos hospitales públicos se cerraron y los restantes agonizan hoy ante la indolencia del Estado. Es conveniente recordar que, según los actuarios del ISS, la nación le adeuda al Seguro Social 50 billones de pesos y la Organización Internacional del Trabajo OIT se pronunció manifestando que estos dineros son de la sociedad colombiana y, por lo tanto, el Estado tendrá que pagarlos.

Entrando al tema, según la OIT, ocurren unas 5.000 (cinco mil) muertes diarias relacionadas con el trabajo, es decir, unos dos millones de fallecidos anuales; los trabajadores sufren cada año cerca de 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales y unos 12 mil niños trabajadores mueren por causas relacionadas con el trabajo.

Estamos ante una pandemia de la cual poco se habla en los medios de comunicación; las causas de muertes vinculadas al trabajo están por encima de los accidentes de tránsito, las guerras y la violencia. Por lo tanto, la preservación de la vida y la salud de los trabajadores es el fundamento de la gestión de la salud ocupacional en el mundo del trabajo.

Hoy es un imperativo de tipo ético y moral enarbolar la bandera de la seguridad social pública como una política de Estado y muy abarcadora, desde antes de nacer hasta después de morir, salvaguardando a sus ciudadanos, para que primen en la realidad los intereses colectivos sobre los intereses individuales ; para que cambie el criterio de rentabilidad económica por el de máxima rentabilidad social; para que cese la política de privatización en salud y seguridad social; para que el empleo sea la savia de la seguridad social (sin éste no hay posibilidades de acceder a la educación, salud, vivienda, recreación, alimentación, cultura, deportes y a la misma política), y poder conservar y ampliar los espacios de participación ciudadana.

La financiación de la seguridad social en riesgos profesionales debe ser asumida por el presupuesto nacional; por lo tanto, las contribuciones de los empleadores pasarían a formar parte de los ingresos generales de la nación y sus gastos serían asumidos por ésta, lo que implica que la ecuación de equilibrio estaría a nivel de la economía nacional. De ahí que las administradoras de riesgos profesionales privadas (ARP) hay que liquidarlas porque no pueden ni deben ser juez ni parte en el manejo financiero de los riesgos profesionales, ya que se presenta un serio conflicto de intereses, siendo necesario y conveniente para el país que un ente público nacional y descentralizado maneje el sistema de riesgos profesionales tanto para el sector formal como para el informal.

Es vital renegociar la deuda externa con la banca mundial para no continuar pagando 39 billones de pesos anuales, sino unos 25 billones y el resto, esto es 14 billones, para la inversión social, destinando un monto específico para cubrir los riesgos profesionales del sector informal (68% de los empleos en Colombia).

El Gobierno debe dar cabal cumplimiento a los convenios suscritos con la OIT, en materia de riesgos profesionales, específicamente el Convenio 155 (Salud y Seguridad de los trabajadores), que plantea “El accidente de trayecto: como los accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y: 1) la residencia principal o secundaria del trabajador; 2) el lugar en el que el trabajador suele tener sus comidas; 3) en el lugar en que el trabajador suele cobrar su remuneración”. Desde la ratificación del mismo, este convenio es violado por el Estado y los gobiernos de turno.

Los empleadores son responsables de garantizar condiciones seguras, de higiene ambiental y de salud en el trabajo y de mejorarlas en forma permanente, acompañadas de los sistemas de vigilancia epidemiológica según los factores de riesgo a intervenir, priorizando las de salud mental.

Los menores de 15 años no pueden ser admitidos en ningún empleo y los jóvenes mayores de 15 años pueden emplearse en casos excepcionales como aprendices, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la debida información a los organismos competentes, constituyen un factor importante para evitar la repetición de eventos similares.

Promover una nueva “cultura de la seguridad” en el lugar de trabajo, donde quiera que éste se realice, respaldada por políticas y programas nacionales adecuados para lograr lugares de trabajo más sanos y seguros para todos; y en los empleadores, recuperar la cultura empresarial en contra de la elusión y evasión de aportes por medio de la actitud consciente, hacia un nuevo pacto laboral y social en riesgos profesionales, donde esté involucrado tanto el sector formal como el informal de la economía nacional.

Comprometer al Gobierno en eliminar la jornada laboral flexible (Artículo 51 de la Ley 789 de 2002), ya que atenta contra la salud de los trabajadores pues los obliga a estar a disposición permanente del empleador, lo que va en contra del Convenio Uno de la OIT; y de abolir la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de la Invalidez, porque violan el debido proceso (vía gubernativa) y el Código Contencioso Administrativo; privatizan y encarecen el servicio, ya que son entes privados, y todo dictamen médico laboral tiene un costo de un salario mínimo legal vigente ($358.000); además, dejan en entredicho el acto médico como tal.

Así mismo, modificar el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999), considerando la invalidez como la persona que por cualquier causa de cualquier origen hubiese perdido el 30% o más de su capacidad laboral y por incapacidad permanente parcial a la que presente una pérdida de la capacidad laboral superior al 5% e inferior al 30%, puesto que los porcentajes asignados a las deficiencias, discapacidades y minusvalías en este Manual son muy bajos frente a las reales limitaciones de los trabajadores con secuelas de accidentes de trabajo, enfermedad profesional o de enfermedad general; y, con estos criterios de calificación, es toda una proeza llegar al 50% que es lo requerido para que una persona sea inválida; además, las posibilidades de rehabilitación profesional en nuestro medio son nulas.

Lograr que las prestaciones asistenciales y económicas sean iguales tanto para los riesgos profesionales como para los derivados de la enfermedad general; así nos evitaríamos las ganancias secundarias tan socorridas en nuestro medio.

Los trabajadores deben negociar en sus pliegos de peticiones la afiliación a la ARP ISS, porque ésta ha demostrado durante los últimos cincuenta años su idoneidad; capacidad humana, técnica y científica, porque es la entidad con más experiencia en riesgos profesionales en el país y la única que busca la rentabilidad social. Así mismo, la obligación ética de las empresas e instituciones estatales es estar afiliadas al Seguro Social.

Salvaguardar el sistema de seguridad social público es una conquista de los trabajadores y de la sociedad, un derecho humano y constitucional. Hoy el único remedo de seguridad social que queda es el Seguro Social; por lo tanto, hay que fortalecerlo.