El debate sobre el TLC tiene muchas aristas; es importante enfocar las consecuencias que puede tener derivadas de las asimetrías entre los países concurrentes en la negociación que puede enunciarse, tan simplemente, como que lo buscado por los Estados Unidos con la negociación no es equiparable, de ninguna manera, a lo que podría buscar Colombia; también es importante el reconocimiento de cuál es el terreno sobre el que se asienta la negociación en lo referente a nuestro país con las deplorables condiciones sociales en lo relativo al empleo, la salud, la educación y la seguridad social en general.

Un caso específico de los impactos de estas formas de integración se presenta en la salud, que se inscribe en el marco de un modelo de desarrollo económico que responde al mercado global. El modelo de salud somete a la población a un sistema de servicios que solo da respuesta con base en las condiciones económicas más que a las necesidades del servicio. Es nuestra convicción que el fracaso del modelo de Seguridad Social en Colombia se da en función del fracaso del modelo de desarrollo.

En este sentido, las condiciones económicas de la población miden si el país está bien o esta mal; comúnmente, se recurre al indicador producto interno bruto PIB para medir el nivel de desarrollo del país, en tanto se le asigna la función de señalar el nivel de aumento en la producción de la riqueza, pero la sensibilidad de nuestros economistas no centra su análisis en la concentración de la riqueza. Cuando más, se animan a medir la distribución de la pobreza, pero no la distribución de la riqueza. Para nadie es un secreto que en nuestro país se da una concentración de la riqueza con un crecimiento lento del PIB, lo que explica por qué no reaccionan las variables estructurales de la economía, como el empleo entre otras. Muchos informes testimonian esta situación, pero vale la pena mencionar entre ellos el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas y el de la Contraloría General de la Nación que alertan sobre una crisis humanitaria en el país a costa del aumento de la indigencia.

Somos un país con riqueza pero sin distribución, sin justicia social, con el agravante que la riqueza está orientada a la especulación y al sistema financiero, y no va dirigida al fortalecimiento del país productivo y a la generación de condiciones de libertad y vida.

No es difícil colegir que al asentar el TLC sobre este modelo de desarrollo, a lo que conduciría es a la profundización del mismo modelo que ha hecho sonrojar y pedir perdón a expresidentes, y a generar más pobreza y a profundizar la deuda social en salud y educación. Lo que en realidad va a suceder es que nuestras elites económicas, hoy en el poder, compartirán sus ganancias con sus socios internacionales, o sea los especuladores financieros, los depredadores de capital, bajo el auspicio de los agentes neoliberales del país, quienes, con el cuento de hacer de este un país de propietarios, lo han convertido en un país de propietarios, pero, tal vez, sí acaso de taxis.

Es necesario sumarnos a la alerta de la firma de un tratado comercial entre socios esencialmente asimétricos, en el marco de un darwnismo social y económico sin tregua, que considera a la salud una extensión del mercado y no un derecho fundamental, y que tasa de esa manera los medicamentos, los insumos, los recursos de financiación, el trabajo médico, la propiedad intelectual, el bienestar y la vida.

Por lo tanto es y debe ser, un imperativo moral desde un proyecto ético con justicia, el sumarnos a las voces que, desde diferentes espacios, rechazan hoy el ALCA y el TLC, máxime cuando, desde nuestro sector salud, controlado por el sector financiero especulativo, aparecen serias amenazas de control de las aseguradoras internacionales, ávidas de negocios, y ganancias que deteriorarían, aún más, las condiciones hoy ya precarias del propio ejercicio profesional y la salud de los colombianos.