Esta situación se empeoró porque, con la Ley 100, al Gobierno le ha correspondido el pago a sus propios pensionados, el pago de las cotizaciones de sus trabajadores activos, el pago de los bonos pensionales y el de la garantía de pensión mínima. Además, se empeora porque, según los actuarios del ISS, la Nación le adeuda al Seguro Social $50 billones, de los cuales unos $48 billones corresponden a la deuda pensional, agravándose aún más la situación financiera del ISS, ya que del total de los aportes que hacen los empleadores a la Seguridad Social, el 35% se pierde por la evasión y la elusión. Por último, el déficit aumenta mientras más afiliados se trasladen a las AFP.

Contrasta esta situación con las cifras actuales sobre las reservas que tienen las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, las cuales ascienden aproximadamente a $26 billones, cifra ésta que corresponde al ahorro de los trabajadores en el Régimen de Capitalización Individual, protegido por el Gobierno, y que hoy sólo paga 10.000 pensionados contra 564.000 pensionados del Seguro Social. Es de anotar que la gran mayoría de los afiliados a los fondos privados proviene del Seguro Social y las tales pensiones altas son en total unas ochocientas (800). Además, “hay 14 millones de colombianos en edad laboral que no cotizan a ningún fondo de pensiones” (Caracol Radio, junio de 2004).

Es bueno comentar que el 63% de los pensionados del ISS recibe la pensión mínima, es decir, un salario mínimo mensual legal, y que el 82% devenga en promedio $468.682 mensuales. Recordemos que el Seguro Social cancela a sus pensionados catorce (14) mesadas al año, exige entre quinientas (500) y mil (1.000) semanas cotizadas, 55 años de edad para las mujeres y 60 para los hombres.

En las comisiones séptimas de Cámara y Senado reposan estudios realizados por Aseguradoras que muestran que los aportes al Seguro Social son suficientes e, incluso, costean la garantía de pensiones. La misma OIT, en su estudio, manifestó que las reservas del ISS van hasta el año 2014.

Es importante tener presente que gran parte de la crisis económica de estos años es atenuada por las pensiones de los viejos, quienes terminan sosteniendo a sus familias y a sus hijos desempleados, ya que la pensión del Seguro Social es oportuna y esencial.

A pesar del colapso y fracaso del modelo de Seguridad Social impuesto en su Ley 100, el presidente Uribe persiste en su terquedad de eliminar el único sistema real de pensiones que existe como es el de Prima Media con Prestación Definida -ya que la base de éste es la solidaridad intergeneracional, es un ahorro común y la pensión es vitalicia-, para implementar sólo el de Ahorro Individual a sabiendas de que éste, como tal, no es un sistema sino una cuenta de ahorro personal. Esta medida gubernamental afectaría a la mayoría de los trabajadores colombianos condenando a éstos a que jamás logren la pensión, puesto que para tener derecho a una pensión de un salario mínimo, el trabajador debe ahorrar el 110% del valor actual de una pensión mínima y la mayoría carece de capacidad de ahorro; mientras que propicia el enriquecimiento aún mayor de los pulpos financieros; esto es “corazón grande” para el sector privado. Lo anterior da paso a la privatización y fortalecimiento en el marco del TLC de las aseguradoras privadas sedientas de nuestros ahorros.

Ante esta situación, hoy es un imperativo de tipo ético, político y social enarbolar la bandera de la Seguridad Social Pública como política de Estado que tenga cobertura desde antes de nacer hasta después de morir, salvaguardando a sus conciudadanos para que primen en la realidad los intereses colectivos sobre los individuales y defenderla como un derecho humano y constitucional.

La financiación de la Seguridad Social en Pensiones debe ser asumida por el presupuesto nacional; por lo tanto, las contribuciones de los empleadores y de los trabajadores pasarían a formar parte de los ingresos generales de la nación. De ahí que las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones AFP deben ser liquidadas, porque no pueden ni deben ser juez ni parte en el manejo financiero de las pensiones y por el conflicto de intereses que se presenta. Por ello, es necesario para el país que el Seguro Social continúe manejando el Sistema Pensional de Prima Media con Prestación Definida, tanto para el sector formal como para el informal de la economía nacional.

Por lo tanto, hay que refinanciar el Seguro Social devolviéndole los $26 billones que hoy están en poder de los Fondos Privados de Pensiones. Así, el ISS seguiría pagando a los diez mil (10.000) pensionados que se encuentran en dichos fondos, y a sus quinientos sesenta y cuatro mil (564.000) pensionados. Además, “sería necesario establecer, para un período de diez años, un acuerdo de pagos por cuotas con el Gobierno, de la deuda de los $50 billones que éste y la Nación tienen para con el ISS (Editorial Momento Médico Nro. 78).

Señor Presidente: No olvide que la deuda pensional y la deuda al Seguro Social tienen la misma importancia que la deuda con cualquier organismo de carácter internacional y que, al igual que éstas, son deudas públicas; por esta razón, deben pagarse como lo ordena la OIT. Sin embargo, existe una gran diferencia entre dichas deudas y es que la pensional y la del Seguro Social son deudas para con los pobres de Colombia, en tanto que la otra es una deuda para con los ricos del mundo, de los cuales hacen parte el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esta última la puede renegociar para no continuar pagando los $39 billones anuales (52% del presupuesto nacional) sino unos $25 billones y el resto, esto es $14 billones, podría destinarlo para inversión social, y así estaría recuperando una “platica” para los más necesitados y no tendría que imponer el IVA del 4% ni más reformas tributarias.

A propósito, usted debe aceptar el fallo de la Corte Constitucional en el sentido de respetar el período de transición en Pensiones de su Ley 100, tal vez lo único rescatable de ella, y no tratar de hacer más esguinces para burlar aún más los derechos de los trabajadores de “mi pueblo”.

Así las cosas, ese ejército de desprotegidos en el campo de la Seguridad Social que va dejando a su paso este gobierno neoliberal, se está convirtiendo en el mayor obstáculo para cualquier proceso de paz que se emprenda porque, finalmente, esta situación es otra declaratoria de guerra a los ciudadanos del común de la nación.