Con la presencia de más de 40 organizaciones cívicas, comunitarias, sindicales, asociaciones de usuarios, pensionados, estudiantes, centrales obreras, acciones comunales y asociaciones de profesionales, se realizó el segundo encuentro del Frente Común. De allí se definieron importantes conclusiones en vías de continuar construyendo una propuesta de modelo de salud pública integral y de seguridad social alternativa.

-Entre los asistentes queda claro, y en general ya es aceptado, que el modelo neoliberal de Seguridad Social impuesto en la Ley 100 de 1993 fracasó. El engendro del otrora senador de la República, hoy presidente de Colombia, el abogado Álvaro Uribe Vélez, busca acabar con la seguridad social pública, especialmente con el Seguro Social, para despejar el camino a las entidades del sector privado.

-Producto de la Ley 100, muchos hospitales se cerraron y los restantes hoy agonizan ante la indolencia del Estado y su gobierno de turno.

-Hoy es un imperativo de tipo político, ético y moral enarbolar la bandera de la seguridad social pública como una política de estado incluyente y muy abarcadora, desde antes de nacer hasta después de morir, salvaguardando a los ciudadanos, para que primen en la realidad los intereses colectivos sobre los individuales, para que cambie el criterio de rentabilidad económica por el de rentabilidad social, para que cese la política de privatización en salud y seguridad social, para que el empleo sea la savia de la seguridad social.

-Exigir del Gobierno nacional la reducción de los gastos de guerra y de pago de la deuda externa y destinar esos recursos para resolver la crisis hospitalaria que afronta el país.

-La financiación de la seguridad social debe ser asumida por el presupuesto nacional; siendo conveniente y necesario para el país que el Seguro Social, como ente público de carácter nacional, maneje el sistema de Seguridad Social, tanto para el sector formal como para el informal de la economía, porque el ISS ha demostrado su idoneidad, capacidad humana, técnica y científica, porque es la entidad con más experiencia en el país y la única que busca la rentabilidad social.

-Exigir del Gobierno nacional el pago de los $64 billones que se le adeudan al Seguro Social.

-En el caso de la ciudad de Medellín, que de los excedentes de EEPPMM haya una destinación específica importante para atender la grave crisis de la salud que afronta la red pública hospitalaria de la ciudad y de algunos municipios del departamento de Antioquia.

-Es necesario exigir del Gobierno la declaratoria de emergencia humanitaria en salud y que se le busquen soluciones a esta crisis que ya tocó fondo.

-Que se constituya en cada EPS y ARS la figura del defensor del paciente, con la participación efectiva de las veedurías ciudadanas, para que éste no esté acudiendo a los tribunales judiciales a buscar defender sus derechos.

-Rechazar por medio de la movilización los proyectos de ley presentados por esta legislatura, como son la reelección presidencial, reforma pensional y de salud, tributaria, la reestratificación, el desmonte de la tutela y del estatuto antiterrorista, por considerarse que viola los derechos humanos y el Estado Social de Derecho.

-Apoyar los procesos nacionales para una salida negociada al conflicto armado y social que involucren una sensibilización a la población de que la salud es un derecho humano, y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario acompañado con la protección y defensa de la misión médica.

-Participar en el lanzamiento programado en Medellín para el 6 de septiembre de la Gran Coalición Democrática; en la Movilización Nacional de esta Coalición el 16 de septiembre; en la movilización del 28 de septiembre –Día Nacional de la Seguridad Social-, y en el mitin en la sede administrativa del ISS, a las 7:00 a.m.

-Participar en el Encuentro Nacional de los Servicios Públicos, a realizarse en Medellín los días 14 y 15 de octubre, al igual que en las jornadas preparatorias y de solidaridad con los desconectados.