Llegó a Momento Médico una Carta Abierta que el abogado laboralista Manuel Antonio Muñoz Uribe, ex candidato al Concejo de Medellín, dirigiera a finales del pasado mes de julio a la Corte Constitucional, y en la que le manifestaba el poder que la instancia gubernamental tiene en sus manos para definir la suerte del Estado Social de Derecho y de la seguridad de todos y cada uno de los colombianos. El abogado Muñoz se dirigió a la suprema autoridad de control constitucional con angustiosa urgencia, para pedirle que salve lo que resta de las libertades públicas de los hijos de esta patria atormentada, evitando un golpe de estado del capital monopolista y neoliberal. Y lo hizo utilizando el género de carta abierta por razones de pedagogía social, para que el más humilde de los compatriotas reflexione al borde del abismo.

En dicho documento, formula a la Corte Constitucional las siguientes peticiones:

1. Teniendo en cuenta que la mayoría decadente del Congreso de Colombia, haciendo eco de la vocación autoritaria del gobierno, copió estatutos anteriores tan repudiables al ideario democrático como la Ley de los Caballos de Núñez, el estado de sitio del Artículo 121 de la Carta de l886, el Estatuto de Seguridad de Turbay, el Estatuto para la Defensa de la Democracia y el Estatuto para la Defensa de la Justicia, de Barco y Gaviria, todos orientados a destruir, al igual que el estatuto antiterrorista, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no permita la Corte con su sentencia que en Colombia se opere semejante involución.

2. Teniendo en cuenta que los impulsores de los estatutos antidemocráticos anteriores justificaron su imposición llamando a los defensores de los Derechos Humanos, perseguidos siempre por la violencia oficial, “conspiradores”, “subversivos”, “comunistas”, “guerrilleros”, y ahora, atendiendo a las necesidades del capital especulativo, “terroristas” o “narcoterroristas”, no permita la Corte el desconocimiento de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y exalte la memoria de don Antonio Nariño, nuestro atormentado Precursor.

3. Habiéndonos percatado con Óscar Negt, a propósito de la regresión de las ideas libertarias en Alemania, que …”es difícil menospreciar el peligro que representa la intensiva militarización de la vida civil en un Estado dirigido durante quince años (…), por un partido que no tiene ni un solo exponente que considere la democracia social resultado práctico de la realización de los derechos y libertades políticas”, no permita la Corte que sustraigan “legalmente”de su morada, en la mitad del sueño cuando éste es posible, a los ciudadanos honrados de Colombia, arrebatándoles la última y más sagrada de sus libertades: su intimidad personal y familiar.

4. Habiendo llegado a asimilar la experiencia histórica y siendo portadores de una convicción irrenunciable según la cual…“Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”, no permita la Corte Constitucional que se confundan todos los poderes en el Ejecutivo.

5. Finalmente, afirmando que las reformas constitucionales que adelante el Congreso tiene que hacerlas dentro del respeto al Estado de derecho (por ningún motivo usurpando el poder del constituyente primario), el organismo de control constitucional debe responder como guardián de la supremacía e integridad de la Constitución. No permita, entonces, la Corte el golpe de estado que la mayoría decadente del Congreso pretende dar contra el Estado Social de Derecho que la Carta del 91 definió para nuestra Patria.