Con los acuerdos bilaterales de comercio (o tratados de libre comercio, conocidos con la sigla TLC), Latinoamérica exportará tal vez muchas más flores con el riesgo de quedarse sin una sola flor para el entierro de aquellos que morirán a causa de la falta de medicamentos esenciales. En los últimos tres años, los países en desarrollo ganaron una batalla en el campo de la salud, en el marco de las negociaciones multilaterales de comercio de la Organización Mundial de Comercio OMC, pero desafortunadamente los acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos parecen querer dar un paso atrás. No sólo desvirtuando los avances adquiridos sino queriendo someter el sector salud a una lógica comercial despiadada donde los derechos, valores y principios se negociarían como se negocian los textiles, computadores o bananos. Desde el punto de vista del comercio, todo es negociable, mercancía contra mercancía. Desde el punto de vista de la salud pública, el acceso a la atención sanitaria y el acceso a medicamentos es un derecho y los derechos de los ciudadanos NO se negocian contra mercancías.

Se admite y afirma que un medicamento que puede evitar la enfermedad o la muerte o que puede recuperar la salud no es una mercancía como cualquiera otra. Se abren las puertas para aceptar que el debate sobre el acceso a medicamentos que pueden salvar vidas no es un debate jurídico-comercial, sino ético y de derechos humanos. Algunos se atreven a lanzar la idea del medicamento como un bien público a nivel mundial.

Se patenta para poder investigar pero el fruto de esa investigación no es accesible a todos. Hay evidentemente que salvar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos siempre y cuando éstos puedan salvar vidas tan pronto son descubiertos. En los últimos veinte años no ha habido prácticamente investigación para desarrollar medicamentos para enfermedades que afectan a millones de personas en los países en desarrollo como son la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la schistosomiasis o la enfermedad del sueño.

El actual sistema de I & D (Investigación y desarrollo) de medicamentos no es transparente en los costos reales de la investigación, ni en los sistemas de fijación de precios, ni en la forma como se deciden las prioridades de investigación, ni en la confidencialidad que se pretende dar a los datos de registro sanitario, informaciones que deberían estar en el dominio público.

Se trata de una problemática especialmente compleja donde se interrelacionan actores, intereses y discursos de muy distinta naturaleza y origen, haciendo necesario un enfoque integral y multidisciplinario sobre el tema. Una visión que permita conciliar la legalidad internacional vigente y los respectivos órdenes jurídicos internos, así como combinar el ejercicio del comercio con el respeto a los derechos humanos. Primero, es necesario racionalizar el sistema y definir las prioridades de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos con base en las necesidades reales de salud de la población y no sobre la base de los mercados potenciales, como sucede actualmente. Segundo elemento, la investigación debe ser principalmente pública y no privada.

¿Cómo financiaría el sector público esta investigación? Existen actualmente algunas pistas que se deberían elaborar un poco más:

-Parte de los impuestos al tabaco y al alcohol, como lo hace ya Tailandia.

-Un impuesto a las ventas mundiales de medicamentos.

-Un impuesto a la publicidad farmacéutica, donde se invierten o gastan hoy billones de dólares.

-Un impuesto a los mayoristas de medicamentos.

-Un impuesto a los juegos y loterías.

-El impuesto Tobin a las transacciones financieras internacionales como lo proponen Canadá, el PNUD, Iglesias; cinco por ciento a través de un acuerdo internacional y cuyos fondos serían destinados a financiar la investigación y el desarrollo de nuevos productos que se pondrían en el mercado inmediatamente sin la protección de una patente y, por lo tanto, sin incluir en el precio el costo de la investigación que ya fue pagada por otras vías.

-Se dio un estatuto-tratamiento especial a los medicamentos en Doha; ¿por qué no dar también un tratamiento especial a la I & D de nuevas medicinas?

-¿No es la investigación, en los campos que tocan a la vida humana, un bien público?

-Los ensayos clínicos, que cuestan sumas gigantescas, y que actualmente la industria privada tiene que pagar y agregar como parte de los gastos de investigación y, por lo tanto, al costo / precio del medicamento, no deberían ser pagados por los gobiernos. ¿No son los ensayos clínicos para el descubrimiento de nuevos medicamentos un bien social? ¿No existe creciente desconfianza y recelo sobre la manipulación de resultados de estos estudios por la industria farmacéutica, que los diseña, los conduce, los supervisa y los financia? Hace un poco más de un año, los editores de las principales revistas científicas del mundo expresaron su preocupación por el manejo de los estudios y resultados en un editorial conjunto.

¿No debiera el mundo confiar esa tarea a organismos públicos o establecimientos académicos independientes?

Y si la Organización Mundial de la Salud tuviera que dar una prescripción para la epidemia de los TLC, ¿qué diría? Lo mejor, como ya se dijo en el Alma Ata, sería prevenir. Y vacunar los TLC con una decisión política que diga: “Todo lo que pueda negativamente afectar los derechos de acceso a los medicamentos va a la atención de salud NO ES NEGOCIABLE y deberá ser excluido de todo tipo de acuerdo comercial”. Simple decirlo, complicado obtenerlo; todo dependerá del coraje, la convicción y la capacidad que tengan los gobernantes de no vender el acceso a la atención sanitaria del futuro.