Nosotros, los usuarios, hemos sido los mayores afectados por la crisis a la cual ha sido sometido el Instituto de Seguros Sociales durante los últimos diez años.

Mencionaremos algunos aspectos:

•  El Instituto Colombiano de Seguros Sociales -ICSS- fue creado mediante la Ley 90 de 1946. Su financiación y administración se harían en forma tripartita: Estado, Empleadores y Trabajadores. El Estado, a través de los años, no sólo incumplió con sus aportes (al presente le debe al ISS aproximadamente 70 billones de pesos) sino que ha dispuesto en forma unilateral e irresponsable de un patrimonio constituido en su totalidad con los dineros aportados por trabajadores y empleadores, es decir, en últimas, con el sudor de nosotros los trabajadores, violando así la Constitución en sus artículos 88, 89 y 90 en los cuales se plantea la protección por parte del Estado del patrimonio y la salud de los colombianos, además de su responsabilidad en los daños inferidos a los derechos e intereses colectivos.

•  El zarpazo mortal al Seguro Social le llegó cuando fue sancionada la Ley 100 de 1993, la cual sedujo a muchos con su contenido filosófico y, por supuesto demagógico, expresado en la misión, valores y visión de dicha Ley.

•  La aplicación de la Ley 100 llevó a la seguridad social, y particularmente a la salud, a una increíble metamorfosis: de ser un derecho irrenunciable para todos los habitantes según el Artículo 48 de la Constitución Nacional pasó a ser una mercancía solamente al alcance de aquellos que puedan pagarla. De cubrir en su totalidad todos los servicios de salud y medicamentos requeridos, pasó a limitarlos a aquellos arbitrariamente incluidos en el nefasto Plan Obligatorio de Salud "POS".

•  El golpe final asestado por el gobierno nacional a nuestro patrimonio histórico se da cuando nuestras clínicas, consultorios, laboratorios y dotaciones en general son apropiados por el Estado mediante la escisión del ISS para crear siete "Empresas Sociales del Estado" (equiparables a las siete plagas de Egipto).

Después de estas cortas e incompletas pero necesarias consideraciones, pasemos a las proposiciones: nosotros los usuarios del ISS, haciendo uso de las facultades que nos confiere el Artículo 2º de la Constitución Nacional, exigimos:

•  DEROGACIÓN TOTAL Y ABSOLUTA DE LA LEY 100. Los promotores de esta Ley garantizaban que para el 2001 habría cobertura en salud para la totalidad del pueblo colombiano. Esto no requiere ni admite análisis. Ya vimos las funestas consecuencias a la que nos llevó esta Ley 100. Pero no todo en esta Ley es deficitario; también se dieron aumentos, veamos: represamiento en las interconsultas a especialistas, cúmulos de exámenes de laboratorio que no se han podido realizar, centenares de cirugías pospuestas por falta de financiación, etc.; y como consecuencia de esto, se han dado muchas muertes de trabajadores, de niños, de maternas, de campesinos, de jubilados por enfermedades no necesariamente mortales.

•  Demandamos LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL ISS. No podemos permitir que, desconociendo derechos irrenunciables del ciudadano que violan la Constitución y saqueando con abuso de autoridad toda la estructura del ISS, se llegue a la aniquilación de la más poderosa y rica institución de seguridad social que teníamos los trabajadores y empleadores colombianos como era el ICSS (Instituto Colombiano de Seguros Sociales). Para garantizar la reconstrucción del ISS necesitamos mucho, pero prioritariamente lo siguiente:

•  La incesante responsabilidad de la clase obrera de los gremios, tanto de trabajadores como de empleadores para luchar por la recuperación de la "financiación y administración del ISS en forma tripartita".

•  La asesoría por parte de los intelectuales y científicos en materia de seguridad social para que nosotros los usuarios del ISS tengamos cabal conocimiento y plena conciencia que garantice nuestra fortaleza en la consecución de este objetivo.

•  La amplia e indispensable MOVILIZACIÓN CIUDADANA que sólo se conseguirá cuando el pueblo tenga la absoluta conciencia de que la seguridad social es un derecho irrenunciable para poder llegar al derecho fundamental que es el derecho a la vida.

•  Es imperiosa LA REAPERTURA DE LOS HOSPITALES CERRADOS Y UNA COMPLETA REESTRUCTURACIÓN DE LA RED HOSPITALARIA NACIONAL. No es concebible que un gobierno que se apellida de "seguridad democrática", cada día se preocupe menos por la seguridad social. Un gobierno que quiera afianzarse y consolidarse en el poder tiene que mejorar día a día en cobertura de salud, en educación, en empleo; como está ocurriendo en algunos de nuestros países vecinos y no todo lo contrario como está pasando en Colombia.

•  En el proyecto de Ley con el que se pretende reorganizar la seguridad social se debe tener a la salud no como un servicio del Estado, sino como un DERECHO FUNDAMENAL DEL CIUDADANO. Por ende la salud no debe convertirse en una mercancía cuya prestación tenga que dejar utilidades o dividendos y mucho menos convertirla en un emporio de riqueza para intermediarios que es en lo que finalmente se han convertido las EPS; porque cuando la prestación de la salud se hace con criterios netamente rentables será obviamente carente de calidad, calidez y cobertura.

•  En el régimen de pensiones queremos consolidar nuestra posición que defienda un MÉTODO SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA. Que haya un solo sistema nacional para las pensiones que constituya un fondo general al cual aporten todos los trabajadores colombianos durante su vida laboral; esto garantizaría unos recursos posiblemente inagotables para cuando el trabajador ya no produzca, se le puedan garantizar los medios para una vida digna. Este fondo mantendrá una retroalimentación permanente y creciente por todos aquellos que van ingresando a laborar durante todos los años que trabajen. Un sistema de pensiones centralizado evitaría la rapiña tras sus fondos, tendría adecuados gastos administrativos y podría ser menos vulnerable a la corrupción. No podemos dejar pasar en este tema de pensiones una grave denuncia: El gobierno nacional ha dispuesto en varias ocasiones de los fondos de pensiones, violando así el Artículo 48 de la Constitución cuando reza: "No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella".

•  Para poder llegar a la consecución de los objetivos señalado en las anteriores proposiciones se requiere quitar los obstáculos que en el camino se encuentren; en consecuencia:

•  Los usuarios del Seguro Social estamos absolutamente convencidos de que el actual jefe de Estado no es garante para tales fines y por lo tanto, nuestra posición es absolutamente clara y decidida por: LA NO REELECCIÓN INMEDIATA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

•  Estamos seguros de que si Colombia firma el Tratado de Libre Comercio (TLC), se produciría un gran encarecimiento de los medicamentos, se le podrían talanqueras a la investigación y comercialización de drogas genéricas, se encarecerían los insumos de laboratorio, se profundizaría el empobrecimiento de los agricultores, medianos y pequeños industriales; por lo tanto nuestra posición es: NO A LA FIRMA DEL TLC. En cuanto al ALCA por ahora nuestra opinión es que parece ya está ALCAnzando un entierro de segunda.

•  Como gran parte del presupuesto nacional lo gasta el cubrimiento de intereses de la deuda externa, nuestra posición es: NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA o al menos de los intereses y de no ser esto posible por múltiples factores por lo menos conseguir un REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA.

•  El altísimo costo tanto económico como social que conlleva la búsqueda de la llamada "seguridad democrática", ha convencido a muy amplios sectores de la población colombiana de que la solución es por otro lado: es absolutamente necesario buscar una salida política al conflicto armado y prioritariamente al secuestro. También es claro que cuando Colombia tenga trabajo, educación, salud y seguridad social llega la paz.

•  No a la reforma de la justicia. Defensa del derecho de TUTELA.

•  Apoyándonos en la facultad que tiene el Estado de llamar a juicio a quien destine incorrectamente fondos de un patrimonio público, pedimos categóricamente que quien tal lo ha hecho con el patrimonio del ISS, sea llamado a rendir cuentas por el ente estatal al que corresponda, para dar aplicación al Artículo 90 de la Constitución que dice: "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste".

•  Dejamos en manos de los dueños del ISS: empleadores y trabajadores, legalmente representados por las centrales obreras, las acciones a tomar para llegar a solución de lo planteado en el numeral anterior. Creemos que las instancias a las cuales se puede apelar son la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia, la Honorable Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

•  Estamos seguros de que los organismos internaciones que velan por la salud en el mundo y por la garantía de los derechos de los trabajadores como son la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asesorarán al pueblo colombiano en la consolidación de acciones para la consecución total de las aspiraciones planteadas en esta ponencia.

Esta ponencia fue elaborada por la Asociación de Usuarios del ISS, Seccional Antioquia, filial de ASUDESSA. Medellín, 12 de noviembre de 2004.