Editorial

El Congreso y el gobierno de Uribe golpean al sistema pensional y a los pensionados

Al momento de circulación de este editorial, con seguridad ya estará aprobado el acto legislativo (Reforma Constitucional), mediante el cual se reforma el Artículo 48 de la Constitución Política en lo que tiene que ver con el sistema pensional hoy vigente.

Ha sido posición de nuestra organización la necesidad de una reforma pensional que contenga entre otros puntos el fortalecimiento del sistema de prima media con prestación definida que hoy administra el ISS y el regreso a éste de los recursos que hoy poseen los fondos privados de pensiones; el aumento de la cobertura para que más personas puedan adquirir este derecho; la mejora del ingreso de los futuros y actuales pensionados; protección de los recursos del sistema para que produzcan rendimientos que favorezcan al propio sistema; conservación de los regímenes especiales por consideraciones de derecho adquirido y/o situaciones laborales de riesgo; diferenciación de edades para adquirir el derecho entre hombres y mujeres a favor de éstas, por consideraciones de orden sociológico y de responsabilidad laboral y familiar; apropiación de recursos del presupuesto nacional para lograr aumentar coberturas y mejorar la situación de esta prestación económica como medio de distribución de la riqueza; promoción de un sistema pensional que no se base, para su financiación, únicamente en el descuento al ingreso salario; el control de la evasión y la elusión, entre otros.

Pero, desafortunadamente, de tiempo atrás, y desde que se aprobó la Ley 100 de 1993, ninguno de los postulados anteriores ha sido tenido en cuenta por los gobiernos; por el contrario, todos y con las mayorías parlamentarias compradas mediante gabelas personales, han y están actuando en contravía del interés nacional. Veamos por qué:

Lo primero que se hizo, al crear un sistema dual de pensiones: el de ahorro individual en poder del sector financiero privado (Fondos Privados de Pensiones) y el de prima media administrado fundamentalmente por el ISS (Sistema Público), fue desfinanciar al ISS al trasladar a los afiliados, mediante presiones, propaganda indebida y falsas expectativas a los Fondos Privados, hoy poseedores de más de 22 billones de pesos y causantes de parte del déficit fiscal por subsidios que el gobierno le traslada a éstos para la garantía de la pensión mínima, amén de todas las garantías tributarias a ellos entregadas; y entre otras cosas, hacer selección adversa con el ISS al sacar de éste a los cotizantes con mayores salarios y mayor estabilidad en el empleo.

El segundo elemento para golpear financieramente al ISS fue negar las deudas históricas y las producidas después de la reforma y que, según cálculos actuariales, ascienden a más de 50 billones de pesos y, para completar el cuadro del desfinanciamiento, se hizo y se está haciendo apalancamiento de deudas del gobierno con recursos del ISS, cosa por demás inconstitucional.

El tercer elemento, de orden sustancial y de política pública, es considerar la prestación económica, pensión, como “privilegio” y ubicar la inversión social como secundaria, favoreciendo las inversiones en “seguridad democrática” (guerra), dando eso sí grandes privilegios a los gastos del nivel central y aumentando, además, la deuda pública externa e interna lo que la ha convertido en impagable e invirtiendo cerca del 55% del Presupuesto Nacional en el pago del servicio de esta deuda, en consonancia con las prescripciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Como hecho político, y ante derrotas consecutivas sufridas por la no aprobación del antidemocrático referendo y los fallos consecutivos de la Corte Constitucional que ha considerado la pensión como derecho fundamental relacionado con la supervivencia y ha negado reiteradamente, mediante fallos contra reformas presentadas al Congreso en distintas oportunidades, el Gobierno actual, para salvar estos obstáculos, decidió presentar la reforma pensional como acto legislativo (Reforma Constitucional vía Congreso) aprovechando, como todo el mundo conoce, unas mayorías manipuladas y compradas en actos conocidos públicamente y que han creado indignación nacional y colocado al actual Gobierno como el más corrupto y clientelista de los últimos tiempos.

La desaparición, a partir de la vigencia del acto legislativo, de la denominada mesada 14 para los futuros pensionados; el aumento de la edad de jubilación, no ya a partir de 2014, sino de julio de 2010; la pérdida de vigencia de las convenciones colectivas, que mantienen regímenes especiales en pensiones, como es el caso del ISS y de los Trabajadores de las ESE producto de su escisión, al igual que para todos los trabajadores del sector público, quienes, también a partir de 2010, quedarán en el régimen general; la imposibilidad de que los trabajadores a partir de la fecha creen regímenes especiales mediante convenciones colectivas, acabando con este instrumento amparado en convenios con la OIT (Organización Internacional del Trabajo); el condicionamiento del derecho a la pensión a la viabilidad financiera del Sistema (llámese Fondos Privados o Públicos), contraviniendo sentencias de la Corte Constitucional que ubican a la pensión como derecho irrenunciable y no condicionado; la modificación del régimen de transición y el ratificar la forma de liquidación de las mesadas ya no sobre 500 y 1000 semanas sino sobre 750 semanas y 1300, de acuerdo a si se está o no en régimen de transición, todo esto y otras situaciones gravosas para los actuales y futuros pensionados hacen que nosotros consideremos a este gobierno y a los actuales congresistas, con excepción de las bancadas de oposición del Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática, Frente Social y Político y escasos liberales, como antipatrióticos y defensores de los intereses del sistema financiero y de los organismos de la Banca Multinacional, quienes están estrangulando a los colombianos, mereciendo con ello el retiro de cualquier apoyo que, por circunstancias coyunturales, hayan tenido de parte de sectores de colombianos engañados por la propaganda mesiánica que desde los grandes medios de comunicación se difunden.

A pesar de ello, y como esperanza, todavía creemos que la Corte Constitucional falle en derecho por los flagrantes vicios de forma existentes en el trámite de la ley (Acto Legislativo), y tenga en cuenta que existen modificaciones que alteran tanto la Jurisprudencia Constitucional como la construcción progresiva de Estado Social y Democrático de Derecho.