Editorial

Continúa ataque gubernamental contra el ISS y los hospitales

Reiteradamente, hemos afirmado que uno de los objetivos ocultos del modelo de seguridad social es el desmonte de la Seguridad Social Pública, administrada por el ISS y Cajanal entre otras, y el cierre inicial de hospitales y su posterior privatización; es decir, la entrega al sistema financiero privado.

Dicha entrega progresiva de los dineros públicos y parafiscales a los intermediarios privados -léase sector financiero especulativo- para el manejo de la salud, los riesgos profesionales y las pensiones, explica los problemas que hoy sufren los pacientes a quienes se les niegan servicios y se les metió en la dinámica del negocio para la prestación de los servicios.

El último ataque gubernamental, quien actúa a favor de los financistas privados, fue expropiar las clínicas y centros de atención administrados por el ISS en un proceso que se denominó Escisión, con el argumento manido de mejorar la atención y hacer de la prestación de los servicios una falaz competencia entre privados y públicos.

Se crearon en el país siete Empresas Sociales del Estado (ESE) con influencia regional, bajo el dominio y dirección del Ministerio de la Protección Social; es decir, bajo la misma figura que hoy tienen los demás hospitales del país, ya sean departamentales y/o municipales, y quienes comportan una situación financiera crítica de iliquidez, déficit y a punto del cierre y venta al mejor postor.

El Seguro Social, principalmente cumpliendo funciones de asegurador, pasa por una situación critica, desde el punto de vista financiero y administrativo, cuyas causas las hemos señalado son de orden estructural y producto de la desidia gubernamental y su clara intención histórica de liquidarlo. Algunos datos ilustran esta aseveración a saber: el denominado “alto costo” -es decir los enfermos con patologías que requieren grandes inversiones para mejorar su situación de salud tales como el Sida y la enfermedad Renal, llámese diálisis, transplante etc.- está concentrado en un 95% en el ISS; los pacientes mayores de 60 años y cuyos costos son igualmente altos también se encuentran en más del 50 % bajo la responsabilidad del ISS y similar situación ocurre con los enfermos cardiopulmonares y con patologías oncológicas. Pero, lo grave no es que estén afiliados al Seguro Social sino que el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (FOSYGA), como administrador de los recursos y definidor del valor por paciente al año, UPC (Unidad de pago por capitación - valor año reconocido por persona para su atención), no reconoce el verdadero costo de su atención, lo que crea un déficit financiero bastante significativo, amén de que los mecanismos para recobrar el dinero están sujetos a todas las trabas administrativas intencionadas para profundizar su crisis. También es necesario recordar la deuda histórica de la Nación para con el Seguro Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, la cual asciende aproximadamente a $60 billones.

Además, el ISS pasó de tener más de ocho (8) millones de afiliados a sólo tres (3) millones en la actualidad, y con una tendencia a mantenerse allí o ha aumentar la desafiliación, producto de las propias políticas impulsadas desde las Gerencias regionales y la Presidencia nacional. Como dato llamativo, más no extraño, los últimos cinco gerentes de Antioquia y el actual Presidente del ISS, así como gran parte de sus funcionarios, no están afiliados al ISS en Salud, sino a las EPS Privadas; esto ilustra el tamaño de la problemática y la propia conspiración interna existente.

La situación de las ESE escindidas del ISS, quienes además nacieron sin presupuesto, hoy dependientes de la contratación con el ISS, quien determina los montos a contratar, de acuerdo con su presupuesto, están pasando por una severa situación de iliquidez y déficit financiero, porque se está contratando muy por debajo de lo pactado. Unas, como la de los Santanderes, Costa Atlántica, Costa Pacífica, Cundinamarca, Meta, Tolima, ya a punto de ser cerradas o liquidadas; otras, como Valle, Nariño, Antioquia, Córdoba, Chocó, Bogotá y Viejo Caldas, tratando de aguantar el chaparrón, pero con procesos de reestructuración en marcha (entiéndase despido de trabajadores).

De la anterior situación, no cabe la menor duda que la mayor responsabilidad recae en el Gobierno nacional, quien propuso y llevó a cabo la Escisión como ‘salvación’ y hoy, a lo que estamos aceleradamente asistiendo, es a la liquidación progresiva tanto del ISS como de las ESE escindidas. Estamos convencidos que esta maniobra, como lo dijimos desde el comienzo, estaba claramente concebida desde que se promulgó la Ley 100 de 1993, para dar paso a un modelo privatizado y dominado por el sistema financiero especulativo en un claro contubernio con los comisionistas internacionales de seguros, quienes están a la espera de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) para pasar a tener directo control de las EPS, AFP y ARP, hoy aparentemente en manos de financistas nacionales.

El camino que nos queda no puede ser otro que seguir insistiendo en una nueva ley de seguridad social que privilegie el derecho a la salud y el bienestar de los colombianos y no las arcas del sector financiero nacional e internacional; pero, para ello es más que obvio que necesitamos seguir en la construcción de una nueva alternativa de poder desde todos los espacios posibles con el fin de contrarrestar la manipulación mediática a la opinión pública que viene realizando el candidato presidente, para que otra política de salud y otro país sean posibles, más allá de la seguridad democrática y de la guerra.