Editorial
Un redimensionamiento mortal
Estamos en un momento crítico. Luctuoso. Asistimos al principio del fin. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha decidido darle un golpe mortal a las Empresas Sociales del Estado (ESE) desprendidas del Seguro Social al ordenar su redimensionamiento que, en términos prácticos, significa el despido de 10.000 trabajadores de planta. Los mismos consultores técnicos del Ministerio de Protección Social que, en junio de 2003 sustentaron la viabilidad de las ESE para justificar la escisión del Seguro Social, ahora argumentan su no viabilidad para soportar el desmonte de la planta de cargos.
Los trabajadores de la ESE Rafael Uribe Uribe que comprende los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no han tenido un momento de paz desde cuando se dio la escisión del Seguro Social, ahora son atormentados por la pregunta incesante: "¿conservaré mi empleo o estaré en la lista de los despedidos?" En el espíritu de muchas personas los presentimientos son tan agobiantes que, como el reo víctima de torturas, pide que decidan de una vez cualesquiera sean las consecuencias. Otros sienten tan menguadas sus capacidades de respuesta a los requerimientos de los pacientes, se ven tan empobrecidos personal y profesionalmente por la carencia de medios de trabajo, que encuentran en el retiro de la ESE una solución para su conciencia y su vergüenza profesional.
Todos asistimos a la agonía lenta, pero sostenida, de la que otrora fuera una organización de prestación de servicios de salud fuente de seguridad para los usuarios del sistema de seguridad social a nivel nacional. Otros eran los tiempos en los que en todo el país se preguntaban qué está haciendo el Seguro Social en Antioquia en la aplicación de un modelo de salud, en los programas de promoción y prevención y en salud mental, para tomarlo como modelo y replicarlo.
Aunque no estuvimos de acuerdo con la escisión del ISS y desconfiamos de los estudios de viabilidad que presagiaban larga vida para las ESE escindidas, pensamos que la ESE Rafael Uribe Uribe podría sostenerse. Consideramos que los cuatrocientos mil afiliados de esta seccional y la exclusividad del contrato con el Seguro Social, son una base que hace factible su supervivencia, si media la voluntad política. Es más posible aún si se modifican las relaciones contractuales entre el Seguro y la ESE hacia la capitación del primer nivel de atención y si esta última se recupera en infraestructura y dotación para asumir los niveles segundo y tercero de atención que actualmente sirve, para su propio provecho, el sector privado.

Pero no. Lo que vemos es desfilar esta ESE en la lista de las no viables y para redimensionamiento en compañía de las de la costa, los santaderes, el centro y el suroccidente del país. Por ahora, se salvan de viabilidad las ESE de Bogotá y el viejo Caldas.
Como ya hizo carrera en este país, los platos rotos de las decisiones equivocadas, de los efectos de la politiquería y la corrupción, como las que dieron al traste con el Seguro Social, que provocaron la escisión y generaron el actual descalabro institucional que reflejan las ESE escindidas, los pagan los trabajadores por la vía del redimensionamiento que no es sino reestructuración de la planta de cargos y despido de los trabajadores. Luego vienen la tercerización, las cooperativas y con ellas la explotación y la precarización del vinculo laboral.
Como consecuencia de que los factores estructurales que han conducido al descuadernamiento de todo el sector público de la Seguridad Social se mantienen, que nadie encabeza la búsqueda de soluciones integrales, que la voz de los trabajadores y los usuarios no es escuchada y que los enemigos de la seguridad social pública no se distraen, el camino que va de una reestructuración a la siguiente, hasta la liquidación y el cierre de las instituciones esta trazado. Lo aprendimos de los hospitales públicos: lo confirmamos con Cajanal y Caprecom. Ahora vienen las ESE escindidas del ISS; luego será Metrosalud.
No nos podemos llamar a engaño. La aniquilación de la seguridad social pública hace eco de una política de gobierno de minimización de lo estatal, de poner a disposición el sector de servicios del capital internacional promovida desde el consenso de Washington. Nuestro sistema de seguridad social está basado en el aseguramiento y el sector asegurador nacional e internacional están a la caza de los dineros de la seguridad social y, para obtenerlo, hay que sacar del camino a la seguridad social pública, aunque eso implique desestimar la vida y la salud de los colombianos en favor de la ganancia. Todos los controles a los que se recurra mediante la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, etc., son pocos para la voracidad del capital financiero. A eso le está apostando este gobierno con decisión; con tanta decisión como la que muestra cuando sostiene que firmará el Tratado de Libre Comercio a cualquier costo.
Coda. Queremos por este medio hacer un reconocimiento al valor civil y a la lealtad con el país, manifestada en su renuncia, a los tres negociadores del Ministerio de la Protección Social (MPS) que conformaban el equipo que aborda el delicado tema de los medicamentos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y que tanto molestó al Ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero y al Presidente de la República.
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