Opinión

Neoliberalismo, violencia y expropiación al pueblo

Por Manuel Antonio Muñoz U.
Abogado Laboralista

El 4 de julio de 1991 se expidió la nueva Constitución Colombiana luego de derogar la de 1986. De entrada, aparece evidente una contradicción, pues mientras en el listado de Derechos se tiene como centro el respeto al “carácter sagrado de la humanidad”, como decía el Libertador, la parte económica neoliberal permite el arrasamiento de las derechos del pueblo, particularmente de la clase trabajadora.

Al decretar el presidente Gaviria Trujillo en 1991 la apertura no planeada de las fronteras al mercado mundial y a la globalización que reclama la absoluta libertad de comercio, se generó también una cadena expropiatoria, inducida por la violencia generalizada, institucional y parainstitucional, contra toda la población y contra la clase trabajadora en particular.

La deuda pública y el presupuesto se han venido incrementando en progresión geométrica. Mientras el último se calculaba en los años 90 en miles de millones de pesos, en tan sólo 14 años ya se cuenta en cifras que superan los 105 billones. Esta suma astronómica se multiplica por los gastos extraordinarios, generados por el ahondamiento del conflicto armado interno y por el saqueo del capital financiero internacional que ha llevado a la quiebra el aparato productivo y desplazado a los pequeños y medianos empresarios.

Con razón apuntó un conocido autor: *“Como la deuda pública tiene que ser respaldada por los ingresos del Estado, que han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, el sistema de los empréstitos públicos tenía que tener forzosamente su complemento en el moderno sistema tributario. Los empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos extraordinarios sin que el contribuyente se dé cuenta de momento, pero provocan, a la larga, un recargo en los tributos. A su vez, el recargo de impuestos que trae consigo la acumulación de las deudas contraídas sucesivamente obliga al gobierno a emitir nuevos empréstitos, en cuanto se presentan nuevos gastos extraordinarios. El sistema fiscal moderno, que gira todo él en torno a los impuestos sobre los artículos de primera necesidad (y por tanto a su encarecimiento), lleva en sí mismo, como se ve, el resorte propulsor de su progresión automática”.

“El encarecimiento excesivo de los artículos no es un episodio pasajero sino, más bien, un principio. Por eso en Holanda, primer país en donde se puso en práctica este sistema, el gran patriota De Witt lo ensalza en sus máximas como el mejor sistema imaginable para hacer al obrero sumiso, frugal, aplicado y … agobiado de trabajo. Pero, aquí no nos interesan tanto los efectos aniquiladores de este sistema en cuanto a la situación de los obreros asalariados como la expropiación violenta que supone para el campesino, el artesano, en una palabra, para todos los sectores de la pequeña clase media”.* Hasta aquí el autor Carlos Marx.

Si en una primera etapa se creó un mercado nacional, en la etapa de la globalización el proceso de acumulación necesita formar un mercado mundial creando extensas zonas de libre comercio (TLC e Irak) para facilitar la “realización de la plusvalía”, trayendo como resultado la quiebra de empresas, de regiones enteras, incluso de países que ahora aparecen “inviables”, a pesar de que los “GRANDES” del planeta devuelven minúsculas partes del despojo como gestos caritativos en su hipócrita afán de “COMBATIR LA POBREZA”.

En el entorno, los jueces, principalmente las altas cortes, hacen su parte en la mutilación de los derechos, razón por la cual, como dice El Colombiano del 1º de septiembre de 2005, el pueblo no cree en la justicia y más bien recurre a los mecanismos internacionales.

Claro está que con el presidente que tenemos, con Gaviria Trujillo en la dirección del “gran partido liberal” y Peñalosa en el medio, tendremos asegurados cuatro años más de violencia, desempleo, enfermedades y hambre.

Para empeorar la situación, el Ejecutivo viene impulsando reformas constitucionales para eliminar los valores y principios consagrados en la Constitución, con apoyo de una mayoría de legisladores comprometidos con el paramilitarismo; si nos atenemos a sus propias confesiones, todo para recortar la acción de tutela y la competencia de la Corte Constitucional.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional presente en la OIT para que investigue la grave situación de violación de los derechos humanos laborales. Y a la Corte Constitucional para que seleccione el mayor número de tutelas procedentes de juzgados y tribunales de Medellín y de Antioquia.