A propósito de la verdad, la justicia y la reparación

Por Luis Fernando Muñoz R.
Médico especialista en Salud Ocupacional

En el simposio “Violencia, dolor y duelo”, organizado por el Grupo de Investigación en Violencia Urbana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Cancerología S. A., la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor ACED y ASMEDAS Antioquia, realizado el pasado 24 de junio en la ciudad de Medellín, se expresó una serie de planteamientos de gran trascendencia, de los cuales destacamos:

La verdad, la justicia y la reparación, dice la profesora de la Universidad de Antioquia, María Teresa Uribe de Hincapié, constituyen la respuesta para la mitigación de conflictos armados elaborada por los organismos internacionales que tutelan derechos universales, derechos vulnerables durante las guerras y conflictos armados.

La paz no consiste únicamente en el silencio de las armas o la firma de los acuerdos entre los contrarios, sino también en la reconstrucción de un nuevo orden que tenga en cuenta las exclusiones, las disposiciones que llevaron a los grupos rebeldes a levantarse en armas, y que a su vez repare aquello que la guerra rompió y desgarró, para evitar todas aquellas situaciones prebélicas y posbélicas que condujeron al desastre humanitario.

La verdad es el esclarecimiento de los hechos, la ruptura del silencio sobre lo acontecido, la puesta en público del dolor y el sufrimiento de las víctimas, el develamiento del terror impuesto a las comunidades enteras en nombre de algún propósito vago de justicia social lo cual tiene perfiles reparadores, pero se requieren formas de reparación más sustantivas, como la devolución de los bienes incautados por los señores de la guerra, el resarcimiento de sus pérdidas materiales y la restitución a la situación anterior a su despojo. Para la sociedad es fundamental el derecho a conocer lo que sucedió en toda su magnitud y extensión, a entender lo que pasó y lo que no debe volver a pasar.

Expresó el periodista Javier Darío Restrepo: “Lo que hemos visto hasta ahora en el proceso de desmovilización de las autodefensas es un obstinado ocultamiento de la verdad de lo sucedido, que se resguarda detrás unas retóricas peticiones públicas de perdón, como si el perdón y la reconciliación pudieran separarse de la verdad”.

La verdad de los hechos es necesaria, por dolorosa que ésta sea, porque ella pone de relieve las deudas del presente para que el pasado y el futuro sean más justos. Contrario a quienes pretenden hacer borrón y cuenta nueva; cerrar lo ojos ante lo que pasó tiene un inequívoco aire de complicidad con el horror pretérito y con su continuación en el futuro. Hay que afirmar con la verdad, la dignidad de las víctimas, porque cualquier forma de mentira es una burla a su dolor; pero, aún, esto es insuficiente; deben sentarse las bases para que haya sanción y reparación, como formas de recuperarle a la sociedad el equilibrio roto por el crimen como parte de los procesos de socialización de la nación.

El presidente de Asmedas Antioquia y profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Carlos Alberto Giraldo Giraldo, manifestó que “se es colombiano por el odio siempre posible a los que están por fuera de las fronteras; se pertenece a tal o cual grupo porque en él convergen los que son dignos de nuestro aprecio y los que, por tanto, se merecen los privilegios”. El resultado de tal postura es el amor a aquellos con quienes nos identificamos pero, al mismo tiempo, la perspectiva del racismo, de los fundamentalismos, de las sectas y los sectarismos, el disfrute de los bienes colectivos en razón de pertenecer a un grupo de excepción.

Otro hecho que le imprime condiciones particulares a nuestro país es que aquí se ha materializado la tendencia a eliminar al semejante, a quienes comparten los mismos referentes históricos y existenciales, lo que lleva a concluir que la nuestra es una guerra sin gloria y a que cada muerte que se produce, sea del lado que sea, nos mengua como colectivo, y da cuenta del carácter primitivo del lazo social que hemos construido, y que tiene como marco una democracia formal, retada por múltiples fragmentos de poder que pueblan la geografía nacional. Es necesario ligar la violencia con la angustia, el dolor y el duelo, y estos a su vez con los procesos de verdad, justicia y reparación, si queremos una reconciliación genuina de los anhelos de convivencia de los colombianos.

Patricia Guerrero, fundadora y directora del Comité Técnico de la Liga de Mujeres Desplazadas, afirmó en dicho Simposio que “las mujeres en los conflictos nos constituimos en una extensión del territorio del Estado, en donde se libran los combates y se definen también los conflictos políticos e ideológicos”.

Según investigaciones realizadas por esta organización, 43 de cada 100 mujeres afectadas por acciones de violencia, en el marco del conflicto armado, han sido víctimas de formas de violencia basadas en el género, y dos de cada 10 mujeres violadas terminan en estado de embarazo no deseado. Dice Patricia Guerrero que estos resultados confirman un hecho reconocido por la comunidad internacional, que las mujeres en los conflictos armados son utilizadas como parte bélica, como una forma de degradar el honor de los enemigos en combate o como un territorio (su cuerpo) en donde también se desarrolla el conflicto, a lo que se suma un alto grado de impunidad y la paradoja jurídica por la cual una mujer es perseguida, penalizada, juzgada y recluida cuando decide interrumpir un embarazo, producto de un crimen de violación u otro similar.

En su intervención, Fernando Valencia Rivera, Abogado de la Corporación Jurídica Libertad, asegura que el proceso de negociación iniciado en el mes de diciembre de 2002, entre el Gobierno nacional y los grupos paramilitares “ha sido fuertemente criticado por la inocultable presencia de capos del narcotráfico, por los históricos lazos existentes entre paramilitarismo y sectores oficiales del Estado, así como por la pretensión de aplicar beneficios jurídicos que dejarían en la impunidad crímenes de lesa humanidad y posibilitarían la legalización de sus estructuras económica, política y militar”. No obstante lo anterior, el Gobierno ha mantenido una posición bastante cuestionable porque, ante los medios de comunicación y la opinión pública, ha manifestado que “quienes critican o toman una posición adversa frente a las decisiones gubernamentales en esta materia, están atacando el proceso de paz o están de lado de la insurgencia”.

Expone, además, que la Ley, entre muchos aspectos, autoriza al Presidente para aplicar los beneficios en ella contenidos en función de obtener Acuerdos Humanitarios, otorga una rebaja general de penas y reconoce el carácter político de los grupos paramilitares a través de la ampliación del tipo penal de Sedición. No obliga a la confesión de delitos ni a la entrega de bienes; concede, desde la norma, carácter político e impunidad a las acciones ejecutadas por grupos creados, sostenidos y fortalecidos por el propio Estado. Y finaliza afirmando que, “al igual que en otros conflictos en el mundo, los victimarios han expedido la ley para el perdón de sus propios crímenes de lesa humanidad; ojalá que también, como allá, la población se levante para rechazar esta medida y exigir la plena vigencia de la institucionalidad democrática. Sería muy triste esperar simplemente el pronunciamiento de la Corte Constitucional, mientras que el país se hunde al ritmo de la desmovilización y la paramilitarización”.

De todo lo anterior se puede concluir que, mientras no exista una clara intención de confesar la verdad de las atrocidades cometidas y una real voluntad de reparar el daño a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano, por parte de los señores de la guerra, la negociación que adelanta el Gobierno con los paramilitares, muy difícilmente logrará el propósito deseado, máxime cuando la mal llamada “Ley de Justicia y Paz” es una jugada politiquera para la reelección presidencial y, más aún, una ley de impunidad para los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por lo cual muy seguramente, actuará la Corte Penal Internacional.

Fuentes:

-“Simposio Violencia Dolor y Duelo”. Realizado el pasado 24 de junio de 2005, en el Hotel Intercontinental de Medellín.
-Periódico “Alma Máter, U. de A., número 534”, del mes de junio de 2005.