Un nuevo modelo de Seguridad Social en
Riesgos Profesionales

(Apartes de la ponencia presentada en el XX Congreso Nacional de Medicina General y Social, Ciudad y Salud, realizado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2005 por Asmedas Antioquia, por Luis Fernando Muñoz R., Médico y Cirujano Especialista en Salud Ocupacional y en Cultura Política)

Para iniciar, parto de un hecho contundente ya conocido y aceptado en los ámbitos político, económico, social, sindical y académico del país: El colapso del modelo neoliberal de Seguridad Social impuesto en la Ley 100 de 1993, engendro del otrora Senador de la República, hoy Presidente de Colombia, cuyo objetivo central era y es acabar con la seguridad social pública, especialmente con el Seguro Social y Cajanal, para despejarle el camino a las entidades del sector privado, volviéndose un negocio no sólo la salud sino la enfermedad y la muerte.

Además, producto de la Ley 100, muchos hospitales públicos se cerraron y los restantes agonizan hoy ante la indolencia del Estado. Al Seguro Social, este gobierno lo liquidó como prestador de servicios de salud, esto es, eliminó la IPS del Seguro; además, lo está marchitando como asegurador y le adeuda 60 billones de pesos.

Entrando al tema, según la OIT, ocurren en el mundo, unas 5.000 muertes diarias relacionadas con el trabajo, es decir, unos dos millones de fallecidos anuales; los trabajadores sufren cada año cerca de 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales y unos 12 mil niños trabajadores mueren por causas relacionadas con el trabajo. En Colombia, durante 2004, se presentaron 880 muertes por accidente de trabajo y enfermedad profesional, 310 mil 537 accidentes de trabajo y mil ciento cinco enfermedades profesionales.

Estamos ante una pandemia de la cual poco se habla en los medios de comunicación; las causas de muertes vinculadas al trabajo están por encima de los accidentes de tránsito, las guerras y la violencia. Por lo tanto, la preservación de la vida y la salud de los trabajadores es el fundamento de la gestión de la salud ocupacional en el mundo del trabajo.

Hoy es un imperativo de tipo ético, moral y político enarbolar la bandera de la seguridad social pública como una política de Estado con cubrimiento desde antes de nacer hasta después de morir, salvaguardando a sus ciudadanos, para que primen en la realidad los intereses colectivos sobre los intereses individuales; para que cambie el criterio de rentabilidad económica por el de máxima rentabilidad social; para que cese la política de privatización en salud y seguridad social; para que el EMPLEO sea la savia de la seguridad social (sin éste no hay posibilidades de acceder a la educación, salud, vivienda, recreación, alimentación, cultura, deportes y a la misma política). Contrario al modelo actual donde la savia de la tal “seguridad democrática” es la guerra y el desempleo (despidos de trabajadores).

La financiación de la seguridad social en riesgos profesionales debe ser asumida por el presupuesto nacional; por lo tanto, las contribuciones de los empleadores pasarían a formar parte de los ingresos generales de la nación y sus gastos serían asumidos por ésta, siendo necesario y conveniente para el país que un ente público nacional y descentralizado maneje el sistema de riesgos profesionales tanto para el sector formal como para el informal.

Es vital renegociar la deuda externa con la banca mundial para no continuar pagando 44 billones de pesos anuales, sino unos 25 billones, y el resto para la inversión social, destinando un monto específico para cubrir los riesgos profesionales del sector informal (68% de los empleos en Colombia). Además, asignar un porcentaje de los bonos de guerra a la salud y la seguridad social.

El Gobierno debe dar cabal cumplimiento a los convenios suscritos con la OIT, en materia de riesgos profesionales, específicamente el Convenio 155 (Salud y Seguridad de los trabajadores), que plantea “El accidente de trayecto”.

Promover una nueva “cultura de la salud ocupacional” en el lugar de trabajo, donde quiera que éste se realice, respaldada por políticas y programas nacionales adecuados para lograr lugares de trabajo más sanos y seguros para todos; y en los empleadores, recuperar la cultura empresarial en contra de la elusión y evasión de aportes por medio de la actitud consciente, hacia un nuevo pacto laboral y social en riesgos profesionales, donde esté involucrado tanto el sector formal como el informal de la economía nacional.

Comprometer al Gobierno en abolir la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de la Invalidez, porque violan el debido proceso y el Código Contencioso Administrativo; privatizan y encarecen el servicio, ya que son entes privados, y todo dictamen médico laboral tiene un costo de un salario mínimo mensual legal vigente; además, dejan en entredicho el acto médico como tal.

Así mismo, modificar el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999), considerando la invalidez como la persona que por cualquier causa de cualquier origen hubiese perdido el 30% o más de su capacidad laboral, puesto que los porcentajes asignados a las deficiencias, discapacidades y minusvalías en este Manual son muy bajos frente a las reales limitaciones de los trabajadores; además, las posibilidades de rehabilitación profesional en nuestro medio son nulas.

Lograr que las prestaciones asistenciales y económicas sean iguales tanto para los riesgos profesionales como para los derivados de la enfermedad general; así nos evitaríamos las ganancias secundarias.

Crear el Ministerio de la Seguridad Social Integral con varios viceministerios como el de Empleo, Salud, Pensiones, Vivienda, Educación, Riesgos Profesionales, Deportes y Recreación, Cultura, Nutrición y Agricultura, Medio Ambiente, entre otros, ya que este encierra un concepto mucho más amplio de la seguridad social tal como lo plantea la OIT, en contraposición al concepto que maneja el Ministerio de la Protección Social que se aplica sólo a la población ya en riesgo y vulnerable.

Fortalecer la ARP ISS, porque ésta ha demostrado durante los últimos cincuenta años su idoneidad; capacidad humana, técnica y científica; porque es la entidad con más experiencia en riesgos profesionales en el país y la única que busca la rentabilidad social y es el único remedo de seguridad social público que queda.

Se impone, entonces, la necesidad de mejorar la comprensión de la Seguridad Social en Colombia; de persistir en la lucha para que sea considerada como un derecho fundamental y para que el gobierno pague lo que debe al ISS ($60 billones); y contribuir a la construcción del Polo Democrático Alternativo PDA, autónomo y pluralista, en la búsqueda de una verdadera seguridad social integral y podamos decir que la democracia es el camino.

Coda: Un helicóptero Black Hawk para la guerra tiene un costo aproximado de $35 mil millones; con este dinero se podría atender gratuitamente en salud a 250 mil personas durante un año.