La tal seguridad democrática

Por Luis Fernando Muñoz R.
Médico y Cirujano
Especialista en Salud Ocupacional y en Cultura Política

A propósito del tema, uno de los ideólogos y creadores del concepto de seguridad democrática, durante un evento internacional del Milenio realizado en el Perú, fue el hoy Senador de la República y candidato presidencial y ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, cuando se desempeñó como presidente de la Corte Constitucional en el año 2000; en contraposición al concepto tan desprestigiado de “seguridad nacional” ya que éste, de por sí, lleva implícita la connotación de invasión a los pueblos o el derrocamiento de gobiernos no proclives al imperio norteamericano.

Pero el presidente candidato Álvaro Uribe Vélez acuñó este término de seguridad democrática como eje de su campaña presidencial, retomando un solo aspecto de éste, como es el de la seguridad física para los potentados del país, desconociendo los demás aspectos, como: el de seguridad jurídica, seguridad social, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad laboral, seguridad pensional, seguridad educativa, seguridad ambiental, entre otros.

De ahí que la savia de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez sea la guerra y la violación de los derechos humanos, lo cual podemos corroborar con algunos datos recientes: “hoy el número de soldados y policías pasa de 400.000, frente a 270.000 hace cuatro años. Para el año 2006, los soldados, policías y los hombres del DAS costarán a los colombianos 5.6 billones de pesos. Estos recursos representan el 57% del total de los gastos de personal del presupuesto de la nación. Este año los recursos para la seguridad en general y según los datos del Ministerio de Hacienda, llegan a los 10.2 billones de pesos” (Portafolio, miércoles 31 de marzo de 2006, página 9); otras fuentes informan que en la guerra colombiana, el Gobierno nacional se gasta 30.000 millones de pesos diariamente, y eso que dizque no hay conflicto interno.

En el campo de la tal seguridad democrática se ha creado la red de informantes y, en muchos casos con testimonios falsos, se han producido detenciones injustas y arbitrarias y detenciones masivas, que posteriormente las autoridades tienen que liberar porque no había motivos para ello, como el caso de 120 campesinos detenidos en Quinchía, Risaralda, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla, y 22 meses después son liberados sin ningún cargo en contra.

Es tan dramática la violación de los derechos humanos en los últimos cuatro años en Colombia que la Revista Semana – Arcadia de marzo de 2006, página 18, plantea: “El lunes 21 de febrero de 2005 en las montañas de la Serranía de Abibe en Antioquia, ocho personas (entre ellas cuatro niños) fueron masacradas por un grupo de soldados del ejército de Colombia por hacer parte de la comunidad de Paz de San José de Apartadó”.

Además, la misión en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró un incremento en los casos de personas desaparecidas y de desplazamiento por razón del conflicto armado interno, contrario a las cifras que muestra el Gobierno, dijo el saliente jefe de la misión Juan Pedro Schaerer en su informe de actividades del año 2005.

Otro hecho, insólito, fue el asesinato, por parte del Ejército colombiano, de cuatro presuntos guerrilleros en Arauca, los que posteriormente la misma Fiscalía encuentra que eran realmente cuatro dirigentes sindicales de la zona y que nada tenían que ver con la insurgencia armada. Otro pilar de la mal llamada seguridad democrática es el rescate a sangre y fuego de los secuestrados, el cual también fracasó y lo muestra un hecho doloroso para el país como fue el intento de rescatar al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al asesor de paz, Gilberto Echeverri, donde murieron ellos y otros secuestrados.

Mientras que por un lado se viene fortaleciendo el gasto en la guerra y el presidente candidato propone otro “impuestico” más de guerra, por el otro lado, en salud, este mismo gobierno viene cerrando hospitales públicos, liquidando empresas sociales del estado (ESE), como las del otrora Seguro Social, acabó con las clínicas del ISS y los centros de atención ambulatoria y viene privatizando la atención en salud (de ahí el paseo de la muerte). Según las estadísticas de tipo nacional, el 48% de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud; en educación, se viene dando la privatización y cierre de los establecimientos públicos, recorte del presupuesto para las universidades públicas y un dato que muestra esta cruda realidad es que 1’602.648 niños, entre los cinco a 17 años de edad, están por fuera del sistema educativo (German Reyes, Agenda Social y Laboral –Foro CUT-ENS).

En conclusión, se ha privatizado la función pública de la seguridad y, en este gobierno, se ha venido afianzando aún más en las decisiones de los ámbitos públicos el siguiente criterio: “el que tiene con qué paga, y los demás se quedan sin el servicio”.

Frente a esta situación, hoy es un imperativo de tipo ético, moral y político enarbolar la bandera de la seguridad social pública y la paz como una política de Estado, salvaguardando a sus ciudadanos, para que primen en la realidad los intereses colectivos sobre los individuales; para que cambie el criterio de rentabilidad económica por el de rentabilidad social; para que cese la política de privatización en salud, educación y seguridad social; para que el empleo sea la savia de la seguridad social, ya que sin éste no hay posibilidades de acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a la alimentación, a la cultura, al deporte ni a la misma política.

Además, debemos disponer todas nuestras fuerzas y voluntades para lograr una salida política negociada al conflicto armado interno en Colombia y el acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados aplicando el Protocolo II de Ginebra, para que construyamos democracia y no haya más desigualdad.

COLOFÓN: Los partidos verdes y la izquierda unida de Europa acusan al presidente Álvaro Uribe Vélez de “tenderle una trampa a Europa vendiendo la política de seguridad democrática como un plan de paz cuando en realidad es un maquiavélico plan de guerra”. Palabras del eurodiputado J. Wutz.