Los posgrados médico-quirúrgicos en Colombia:
un gran paso atrás

Por Juan Guillermo Londoño C.
Jefe Departamenbto de Ginecoobstetricia
Universidad de Antioquia

Con fecha del 3 de abril de 2006 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, emitió el Decreto 1001 de 2006 por medio del cual se organiza la oferta de los programas de posgrado y se dictan otras disposiciones.

Este decreto en su artículo 20 deroga el Decreto 916 de 2001 y el artículo segundo del Decreto 1665 de 2002, que establecen que los programas de especializaciones médicas y quirúrgicas sólo podrán ser ofrecidos por una institución de educación que cuente con programas de pregrado en medicina con, por lo menos, una cohorte de egresados y con registro calificado.

Hasta la fecha, los posgrados en Colombia son ofrecidos por instituciones de educación superior que cumplen con los anteriores requisitos y con 14 condiciones mínimas de calidad, entre las cuales se destacan aspectos curriculares, organización de actividades por créditos académicos, selección y evaluación de estudiantes y personal académico, investigación, medios educativos, infraestructura, autoevaluación, bienestar universitario y recursos financieros, etc.

Las universidades públicas se han comprometido con una política de calidad para sus posgrados, muchos de los cuales desarrollan la autoevaluación como una cultura y algunos de estos programas están en trámite para adquirir acreditación internacional. El único propósito es entregar a la sociedad profesionales idóneos comprometidos con la solución de los problemas del país.

Ahora resulta que el Ministerio de Educación desconoce la idoneidad, la experiencia, la competencia y hasta la autonomía universitarias. Con el Decreto 1001 se autoriza a otras instituciones para ofrecer posgrados médico-quirúrgicos en Colombia. Las preguntas que resultan de todo esto son: ¿qué intereses se mueven detrás de este decreto? ¿A quién quiere favorecer el Ministerio de Educación, a las EPS y ARS? Es muy posible que como consecuencia de la última evaluación realizada a estas entidades, en la cual la gran mayoría fueron calificadas como deficientes y muy deficientes, el Ministerio de Educación como premio las autorice a ofrecer programas de posgrado para que redondeen el negocio de la salud instaurado en 1993.

Los indicadores de salud del país muestran un panorama preocupante: alta prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria, la gestación en adolescentes aumentó dos puntos porcentuales en los últimos cinco años, altas razones de mortalidad materna y perinatal, incrementos significativos y preocupantes de casos de sida pediátrico, a pesar de que se conocen las estrategias para bloquear la transmisión de la madre al hijo. Lo anterior demuestra que los programas de prevención y promoción no funcionan. Además, se calcula que aproximadamente el 38% de la población no tiene cobertura. A pesar de esto, o gracias a lo mismo, las utilidades financieras de algunas EPS les han permitido posicionarse como empresas líderes en el país. Líderes en lo financiero, líderes en lo económico, pero también líderes de la incapacidad para prestar servicios de salud con calidad y oportunidad.

¿O serán las IPS las que podrán ofrecer estos programas? Sin lugar a dudas, algunas ofrecen atención en salud con calidad y eficiencia. Eso es indiscutible, pero no están en capacidad de preparar los profesionales pertenecientes al vértice de la pirámide de la educación superior. En la actualidad, estas instituciones no reúnen las condiciones mínimas exigidas a la universidad para ofrecer programas de posgrado.

No será extraño, entonces, que a partir de ahora cualquier institución diferente a las universidades pueda vender programas de posgrado médico-quirúrgicos, pues en nuestro sistema de seguridad social prima la rentabilidad económica sobre la calidad de la salud y la vida de sus habitantes. Hoy tenemos EPS y hasta escuelas de comercio con facultades de medicina y ¿quién ejerce el control para que estos programas garanticen un ejercicio idóneo en la formación del recurso humano en salud?

Hace 13 años, a raíz de la promulgación de la Ley 100, el Ministerio de Salud le dio la bienvenida al negocio de la salud, el cual hoy es indiscutiblemente muy rentable desde el punto de vista económico pero, en la evaluación de lo que debería ser su misión, su ineficiencia es vergonzosa.

Con el Decreto 1001, el Ministerio de Educación se propone dar un gran paso, pero lamentablemente hacia atrás.