Editorial

¿Es posible salvar el Seguro Social?

La Asociación Sindical de los médicos les manifiesta, por este medio, a sus asociados, a la comunidad médica en general, a los trabajadores de la salud, a los afiliados al Seguro Social, a los usuarios de la ESE Rafael Uribe Uribe y al país que rechaza enfáticamente el conjunto de medidas tomadas por el Gobierno nacional para intentar liquidar al Seguro Social y debilitar a la ESE Rafael Uribe Uribe, con lo que materializaría una vieja aspiración de los enemigos de la seguridad social pública que actúan en el sector privado o están agazapados en la administración pública.

Desde 1993, cuando surgió la Ley 100, existía la pretensión de acabar con la seguridad social pública y, particularmente, con el Seguro Social, por parte de sectores políticos y sociales de los cuales era vocero el entonces senador de la República Álvaro Uribe Vélez.

El desarrollo siguiente de la legislación sobre seguridad social, las medidas fiscales del gobierno, la preponderancia de los intereses del sector privado, la incompetencia de los sucesivos administradores, las sanciones de la Supersalud, la corrupción y la politiquería y la mala prensa han socavado progresivamente las bases del Seguro Social, que pasó de ser la institución con la red de servicios de salud más importante del país a ser una institución con grandes debilidades, siempre en deuda con las expectativas de sus usuarios.

El proyecto político que agencia el Gobierno actual ha promovido una forma de pensar según la cual hay que hacer prevalecer el capital en desmedro del trabajo para que el desarrollo sea posible. En consecuencia, a las ventajas que le concede al capital las llama incentivos y a las conquistas laborales de los trabajadores las denomina privilegios. Este modo de pensar abona el terreno para abaratar los costos laborales, menguar las posibilidades de existencia y crecimiento de las organizaciones sindicales y acabar con los pactos colectivos. Es evidente que uno de los efectos buscados con la posible liquidación del Seguro Social es acabar con su convención colectiva y con la estabilidad laboral de los trabajadores.

Si bien la decisión de liquidación del Seguro Social estaba tomada desde tiempo atrás –prueba de ello es que en la discusión de la reforma a la Ley 100 en el Congreso de la República, el Gobierno desestimó cualquier iniciativa que beneficiara al Seguro Social, siendo que ya se conocía su desequilibrio financiero-, lo que no estaba claro era cómo hacerlo habida cuenta de la resistencia social y la correlación de fuerzas en el parlamento que podrían cobrarle caro al gobierno la decisión de acabar con el Seguro Social.

Se busca un político en olor de decadencia como José Renán Trujillo para que haga el trabajo sucio de cancelarle la licencia de funcionamiento al Seguro Social, desconociendo la Ley 1122 de enero de 2007 y, así, presentarse ante el país procediendo forzado por las circunstancias y obrando, en consecuencia, con los efectos de la sanción; pero, realmente quien tomó la decisión de sancionar al ISS fue el propio presidente Uribe Vélez.

En su ya habitual juego de palabras, se cuida el Ministro de la Protección Social de hablar de liquidación del Seguro Social para hacerle el quite a la prohibición de la Ley 790 de diciembre de 2002, la cual le impide expresamente liquidar o privatizar instituciones como el Seguro Social, el Sena, el ICBF, etc. Entre tanto, trama una secuencia que se inicia con la cancelación de la licencia de funcionamiento del Seguro Social; luego crea un pánico económico y social que propicia en los usuarios sentimientos de desprotección; acto seguido emite el Decreto 055 del 15 de enero de 2007 que genera los mecanismos para que los usuarios se desafilien; después estimula las desafiliaciones de los usuarios del ISS; simultáneamente, insinúa la creación de una EPS para los afiliados que no sean recibidos en las EPS existentes y construye alternativas para la administración de las pensiones y los riesgos profesionales; al final llevaría al parlamento una propuesta para tomar decisiones con respecto a lo que quede del Seguro Social: las paredes y los trabajadores sindicalizados. Si esto no es liquidación, ¿qué otro nombre puede recibir?

De otro lado, la ESE Rafael Uribe Uribe nació herida de muerte. Eso de que la escisión del Seguro Social estaba sustentada en estudios técnicos que presagiaban larga vida para el Seguro Social y las ESE fue un cuento chino que le echaron a un país presa del embrujo autoritario. La ESE Rafael Uribe Uribe no tenía la más mínima posibilidad de mantenerse viva dado el atraso tecnológico con el que quedó al momento de la escisión y la no disponibilidad de presupuesto para inversión. Eso lo sabía el Gobierno que tiene el control de su junta directiva y el conjunto de aves rapaces que se lanzaron a depredarla sin esperar a que muriera.

Llama la atención la manera como el Gobierno, en los últimos días, viene contratando con las IPS privadas, por valor de $30 mil millones de los recursos del ISS, para solucionar la represa de más de cincuenta mil procedimientos quirúrgicos y de laboratorio, lo que muestra claramente de un lado la existencia de recursos financieros, y de otro que con voluntad política, aunque tardía, se puede contribuir a la solución de la problemática institucional. Esta medida debe fortalecer al Seguro Social y, por ende, el Gobierno debe desistir de su idea de liquidarlo.

Con todo lo anterior, le debe quedar claro al país, y en particular a los trabajadores, que no se trata de una decisión de última hora tomada para proteger a los usuarios de los efectos de la sanción de la Superintendencia, sino de la concreción de una vieja pretensión de sectores sociales y políticos que intervinieron en la elección y la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, de disponer de los recursos de la seguridad social para potenciar el negocio de la salud, favorecer el capital privado y sus intereses financieros. Todo lo anterior, es consonancia con las recomendaciones del Consenso de Washington.

En tiempos de justicia y verdad, debería haber un mea culpa del sector económico que esquilmó al Seguro Social, de la clase política que lo puso al servicio de sus intereses particulares y del gobierno que dispuso de sus recursos e iniciar un proceso de reparación que fortalezca la seguridad social pública. Entre tanto, hacemos un llamado a la resistencia del pueblo colombiano contra la sanción política de la Superintendencia de Salud y el intento de liquidación del Seguro Social y de la ESE Rafael Uribe Uribe, por considerarlos ilegales y ajenos a los intereses de la mayoría de los colombianos. Así mismo, demandamos del Gobierno nacional voluntad política para que revoque la sanción y gire los aportes financieros que le adeuda al Seguro Social, para reactivarlo y hacer que cumpla adecuadamente la función social que, en salud, pensiones y riesgos profesionales, le corresponde como entidad pública.