Plan Maquiavélico de Uribe Vélez para liquidar el Seguro Social

Por médico Luis Fernando Muñoz R.
Especialista en Salud ocupacional
y en Cultura Política

Recordemos algunos de los consejos de Nicolás Maquiavelo a los príncipes, por los años 1500 D.E. en Italia. “El príncipe no tendrá escrúpulos de ninguna clase”. “La traición será la clave de sus planes”. “El príncipe mentirá en todos los casos”; “Se rodeará de ineptos, reducidos a la sombra desechable del único iluminado, el príncipe”; “Será sanguinario sin límites contra quien parezca oponérsele”. Por estas y otras razones, se le ha conocido e identificado a Maquiavelo con la frase “el fin justifica los medios”.

Veamos los pasos del plan maquiavélico uribista:

Como senador de la República, Álvaro Uribe fue ponente de la Ley 50 de 1990; en el último capítulo del proyecto de ley, contenía un artículo que liquidaba la seguridad social pública para entregarla al manejo financiero del sector privado; pero el Congreso de la República de la época no lo aprobó.

El objetivo central de la Ley 100 de 1993, engendro del otrora senador de la República, hoy presidente de Colombia, era y es acabar con la seguridad social pública; específicamente con el Seguro Social y Cajanal, para despejarle el camino a las entidades del sector privado. Con razón, Juan Luis Londoño de la Cuesta, al momento de ser aprobada la Ley 100, exclamó “bienvenidos al negocio de la salud”, y otro personaje dijo: “van a terminar con el ISS y los hospitales públicos”.

En su campaña presidencial, en el punto 60 de su Manifiesto, dijo Uribe Vélez: “necesitamos salvar al Seguro Social porque la opción pública es esencial en el esquema de empresas promotoras de salud”, y logró que muchos incautos, y aún funcionarios del Seguro Social, votaran por él; pero, una vez posesionado como presidente, incumple dicha promesa y empieza por desconocer el Acuerdo Integral entre el Gobierno, el ISS y Sintraseguridad Social (Pacto de Salvación del ISS), ignora el gran aporte financiero que hacen el sindicato y los trabajadores, quienes entregan de sus conquistas laborales más de ciento sesenta mil millones de pesos anuales ($160 mil millones), desconoce la deuda histórica que la nación le adeuda al ISS, por un valor de 62.5 billones de pesos (60 billones en pensiones y 2.5 billones en salud). Solicita facultades extraordinarias al Congreso de la República y hace aprobar la Ley 790 de 2002, para reestructurar las entidades del Estado; producto de esta ley, ha despedido más de 160 mil trabajadores y expidió el Decreto 1750 de 2003, por medio del cual se escinde (entiéndase liquida) la IPS del ISS, esto es sus 36 clínicas y sus 230 centros de atención ambulatoria (CAA) y las transforma en siete Empresas Sociales del Estado (ESE) con el pretexto de mejorar la prestación de los servicios de salud. Pero ocurrió lo contrario, ya que los servicios se deterioraron, pues el gobierno no dio los recursos necesarios para su funcionamiento, despidió miles de trabajadores y nombró gerentes con criterio politiquero y clientelista, dando continuidad al proceso de marchitamiento del Instituto.

A través de una amiga del gobierno, demanda el Artículo 20 de la Ley 790 de 2002, el cual prohíbe expresamente liquidar o privatizar el ISS. Mientras avanzaba esta demanda ante la Corte Constitucional; y previendo que no prosperaría a su favor, tal como sucedió, procede a reestructurar las siete Empresas Sociales del Estado (entiéndase despido de trabajadores), para luego liquidarlas. Hasta el presente, ha ordenado la liquidación de la ESE José Prudencio Padilla, que atendía los pacientes del ISS de la Costa Atlántica, y la ESE Rafael Uribe Uribe que cubría los usuarios del ISS de Córdoba, Chocó y Antioquia. Implementa el Plan de “Retiros Voluntarios” que ocasiona la salida de seiscientos cincuenta (650) trabajadores del ISS. Se reúne con la bancada uribista para que lo acompañe en esta “noble tarea” de liquidar al ISS y los congresistas, sumisos con su Príncipe, aceptan dicho respaldo; es cuando logra imponer en el Congreso la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, la cual es un retoque perverso de la Ley 100, ya que, entre otros, el numeral 5 del Artículo 37 le da poderes al Superintendente de Salud para que revoque la licencia de funcionamiento a la EPS del ISS y, al mismo tiempo, la pueda liquidar.

Simultáneamente, el presidente Uribe trama una secuencia que se inicia con la sanción política de cancelar la licencia de funcionamiento del Seguro Social por medio de la Resolución 028 del 15 de enero de 2007. Acto seguido, emite el Decreto 055 del 15 de enero de 2007, el cual genera los mecanismos para que los usuarios de los servicios de salud se desafilen. Al mismo tiempo, realiza ese día un acuerdo con seis cajas de compensación familiar y la Previsora Vida, para constituir una nueva EPS que reemplazaría al ISS, con capital mayoritariamente privado. Igualmente, el 15 de enero de 2007 se expide el Documento Conpes, el cual recomienda liquidar la EPS del ISS y su Fondo de Pensiones y constituye alternativas para administrar los riesgos profesionales con la ARP Previsora, la cual subsumiría a la ARP ISS y, por si le fallan estas maniobras, en el Artículo 30 del Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente propuso liquidar el Seguro Social. No obstante haber sido derrotada esta propuesta en primer debate, tanto en la Cámara como en el Senado, en forma ilegal y violando la propia Constitución en la Comisión de Conciliación del Congreso, impuso la liquidación del Fondo de Pensiones del ISS sin haberse discutido este asunto en segundo debate del Congreso.
Para terminar con este plan maquiavélico uribista, ordena en todo el país la feria de contratos entre el ISS y demás IPS (más de 40), pero con recursos propios del Seguro Social; específicamente en Antioquia se celebran contratos a tarifas ISS más el 9% con la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, con Metrosalud, con el Hospital San Rafael de Itagüí, con el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, con la Clínica Las Américas y otras instituciones, por un valor superior a los 60 mil millones de pesos, mientras que no le permitió al ISS contratar bajo esta misma modalidad con las siete ESE producto de la escisión, y sostiene que no tiene medio billón de pesos para salvar la EPS del ISS, a sabiendas que hoy el sector estatal le adeuda 730 mil millones de pesos por deudas recientes y que, solamente en la política de seguridad democrática (entiéndase guerra), se ha gastado 55 billones de pesos del presupuesto nacional, y el año pasado pagó, por el servicio de la deuda externa, más de 40 billones de pesos. ¡Qué cinismo!

Señor Presidente: Llama la atención que, justo cuando el Seguro Social se encontraba en un proceso de franca recuperación a través de la implementación del convenio de desempeño acordado con la Contraloría General de la Nación, tal como lo muestran las cifras presentadas por la Presidencia del ISS a finales del año 2006 (en salud ciento cinco mil noventa y ocho nuevos afiliados -105.098-; en pensiones ciento ochenta y cinco mil nuevos afiliados -185.000- y en riesgos profesionales doscientos veinte mil -220.000- nuevos afiliados), usted decide liquidarlo sin justa causa pero sí obedeciendo a su “corazón grande” para con el sector financiero y a su “mano dura” contra los intereses de las mayorías, dando muestra de su característica indolencia.
A pesar de la situación a la que usted ha llevado al Seguro Social, hay posibilidades reales de continuar luchando por salvar la seguridad social pública y específicamente esta institución en sus cuatro componentes: salud, pensiones, riesgos profesionales y servicios complementarios (Prosperar) implementando el siguiente plan:

-Exigirle al Presidente el cumplimiento del punto 60 de su Manifiesto Programático.
-Convocar al pueblo colombiano a la resistencia, a la protesta y a la movilización en defensa del Seguro Social y la seguridad social pública.
-Cambiar el modelo mercantilista por otro en el que la salud y la seguridad social sean considerados un derecho fundamental y, por ende, defender el patrimonio público.
-Renegociar la deuda externa con la Banca Mundial para liberar recursos financieros hacia la inversión social y asignar un porcentaje del impuesto de guerra para la salud y seguridad social pública.
-Exigirle al gobierno el giro de los aportes financieros que le adeuda al ISS, iniciando así un proceso de reparación para reactivarlo y hacer que cumpla la función social que en salud, pensiones y riegos profesionales le corresponde como entidad pública.
-Apoyar la acción popular contra la liquidación del ISS interpuesta por el Representante a la Cámara por el Polo Democrático en Antioquia, German Enrique Reyes Forero y el abogado laboralista Carlos Alberto Ballesteros Barón.
-Exigirle al Gobierno voluntad política para revocar la sanción a la EPS del ISS y que retire del Plan Nacional de Desarrollo los artículos 171 y 172 que liquidan el Fondo de Pensiones del ISS, por ilegal y anticonstitucional.

Colofón: Señor presidente Uribe, usted pasará a la historia como el verdugo y el sepulturero del Seguro Social.