Desde la Cámara

Le tocó el turno a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.

Su liquidación, otra patraña del Gobierno

Constancia del Honorable Representante (HR) German Reyes en Plenaria de la Cámara del martes 28 de agosto de 2007

Por medio de comunicado de prensa del 25 de agosto del presente año, tuve la oportunidad de denunciar y protestar contra los alcances del Decreto 3202 expedido por el Gobierno nacional el día anterior, relacionado con la liquidación de la Empresa Social del Estado LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, una de las siete ESE que resultaron de la escisión del Seguro Social con el Decreto 1750 de 2003, que presta los servicios de salud a la población usuaria de la ciudad de Bogotá a través de las Clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero y del Niño, y los 17 Centros de Atención –CAA-.  Con el mismo argumento de corregir factores de desequilibrio financiero y mejorar la prestación de los servicios de salud, han liquidado las ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, RAFAEL URIBE URIBE Y POLICARPA SALAVARRIETA, quedando pendientes las tres ESE restantes, de cuyos resultados el único responsable es el Gobierno nacional, al haber asumido sus direcciones a través de Juntas Directivas controladas por él mismo.

El comunicado de prensa del Ministerio de la Protección Social dice que los 2.300 funcionarios de nómina y los 2.223 de contratos administrativos seguirán “vinculados normalmente” a sus tareas en las funciones asistenciales o administrativas, mientras se les dan las liquidaciones e indemnizaciones correspondientes, en un plazo de cuatro meses.  A los funcionarios se les ofrece, como única posibilidad, inscribirse en el servicio público de oferta de empleo o participar en los programas de capacitación en el SENA, reconociendo que ellos aumentarán las filas de los desempleados.  Es decir, mediante el chantaje, de una manera transitoria se les convierte en mercenarios, esta vez a través de CAPRECOM y la Cooperativa Nacional de Anestesiólogos –ANESTECOOP-, en espera de vender las clínicas las que, según el periódico El Tiempo del 27 de agosto de 2007, cuestan $90 mil millones, mientras la liquidación asciende a $170 mil millones.  Dice el Ministerio que buscará los mecanismos para que esta infraestructura quede en manos de entidades, esta vez sin dar exclusividad para el sector público, y con el inexplicable condicionamiento de asegurar una “óptima administración y una completa renovación tecnológica”.  Sólo expectativas que muestran, por un lado la improvisación, y por el otro el propósito de favorecer al sector privado a costa de los recursos allí invertidos por parte de los trabajadores y empresarios que, por más de 50 años, construyeron los pilares de la Seguridad Social, del que no sólo se sustrajo el Gobierno, sino que le sacó importantes recursos para otros fines.

Tal como lo reseñó la prensa en el Club Militar, el mismo día –viernes 24 de agosto- en que expidieron el decreto de liquidación, se “acuartelaron en primer grado” el Ministro Diego Palacio, el Director de Caprecom Tadeo Martínez, la liquidadora de la Fiduciaria Fiduagraria, para preparar el “asalto” de las clínicas.  Al día siguiente –sábado 25 de agosto– los que planificaron la toma se acompañaron de la Defensoría del Pueblo y de un piquete de 60 policías, mientras en las puertas colocaron el decreto notificando la liquidación.  En sus interiores, 1.000 pacientes hospitalizados, casi tratados como rehenes, ignoraban lo sucedido; los trabajadores de la salud, según su sindicato, fueron tratados de una manera “inhumana e irresponsable”.  Cierra así el Gobierno, con este proceder, todos los espacios de la concertación, el diálogo o el debate.  Desconoce el papel de las mismas juntas directivas controladas por él mismo, llamadas a tomar decisiones como éstas; desconoce el papel del Congreso de la República, el que a través de debates, foros y audiencias ha insistido en el análisis, salidas y las repercusiones del actual modelo privatizador que tan sólo pretende el desmantelamiento de la red pública para entregarla a la voracidad del capital financiero especulador que, a la larga, irá en detrimento de la salud de muchos colombianos.

Es hora y, desde ya, anunciamos que promoveremos un debate sobre las repercusiones, la improvisación, la crisis en la prestación de los servicios, la no calidad de los mismos y sobrecostos, derivados de las medidas tomadas en torno a las liquidaciones de las ESE.