Sector Salud:
¿Tranquilo o intranquilo con el TLC?

Por Jorge Gómez Gallego
Cedetrabajo - Capítulo Medellín

Los golpes que ha venido sufriendo la salud de los colombianos y los derechos de los trabajadores del sector salud, desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de manera evidente se agravarán con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que el actual Gobierno suscribió con el de los Estados Unidos de Norteamérica.

Pero su trámite parlamentario en esa nación se ha visto entorpecido por la disputa interna entre republicanos y demócratas, y es muy probable, incluso, que la iniciativa no se cristalice en lo que resta de la administración Bush, lo que hace que su suerte de ahí en adelante sea totalmente incierta.

Pero, ¿qué tan prometedor puede ser que el propósito de Uribe y Bush fracase?  Veamos lo que nos deparaba el TLC para este sector, y qué probabilidades hay de que esas eventualidades no se conviertan en realidad.

La pérdida de la soberanía y de la seguridad alimentarias

Hoy nadie pone en duda que perder la capacidad de producir los alimentos en una nación cualquiera implica depender de otra para su suministro, y que esa dependencia significa la ausencia total de la seguridad y la soberanía alimentarias.

Ese riesgo se presenta en cualquier escenario.  Tener el dinero suficiente para comprar alimentos no garantiza que se pueda conseguir, o bien porque quien los produce decide no venderlos por razones políticas, o simplemente no puede hacerlo por razones involuntarias, como sequías, plagas, desastres naturales o guerras.

Y estar incurso en esa situación significa para una nación una desmejora sensible en los niveles de nutrición de su pueblo; no es mera coincidencia que 48 de los 63 países más pobres del mundo sean importadores netos de alimentos.

En el caso colombiano, de cara al TLC, es claro que Estados Unidos logró imponer en la “negociación” el mantenimiento de sus ayudas internas, calculadas en 55.000 millones de dólares al año y con tendencia a crecer, mientras Colombia aceptó con docilidad eliminar los únicos apoyos a la producción de alimentos, que son los aranceles.  En conclusión: con TLC, Colombia se convertirá en un importador neto de alimentos, aumentará sus niveles de pobreza y, desde luego, empeorará su ya mediocre nivel nutricional, con graves incidencias para la salud de los más pobres.

El aumento de la protección a las patentes obstaculiza el acceso a medicamentos para los pobres

El reconocimiento de patente a los segundos usos terapéuticos y a cambios menores sobre moléculas y procesos conocidos (patentes espurias); la extensión del término de las patentes más allá de los 20 años que establece la Organización Mundial del Comercio OMC; las limitaciones para la aplicación de licencias obligatorias y de las importaciones paralelas; la protección exclusiva de los datos de pruebas del registro sanitario; la vinculación patente - registro sanitario, además de otras barreras que quedaron tácita o expresamente establecidas en el TLC que firmó el gobierno de Uribe, profundizan el alcance del Decreto 2085 de 2002.

Eso implica, según Misión Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), un incremento en los precios de los medicamentos que puede ser cercano a novecientos (900) millones de dólares al año, lo que implica necesariamente un menor nivel de acceso de los pobres a los medicamentos.

El mayor déficit fiscal irá en detrimento de la inversión pública en salud

Para completar el cuadro, la renuncia colombiana en el TLC a los aranceles para productos procedentes de los Estados Unidos, implicará un detrimento en los ingresos fiscales cercano a los dos billones de pesos anuales, según cálculos conservadores.

Esos recursos no van a ser descontados de la inversión para la guerra ni del servicio de la deuda externa, sino del Sistema General de Participación, o Transferencias, que ya sufrió un severo recorte mediante el Acto Legislativo 011 de 2007.  Como se sabe, con estos dineros los entes territoriales atienden, entre otras, sus obligaciones de salud.

El capítulo de inversiones pretende volver irreversible la Ley 100

Tal vez el más grave daño que se les hace a los usuarios y trabajadores de la salud en Colombia, radica en el carácter irreversible que el TLC le confiere a la Ley 100.  En el capítulo de inversiones se establece claramente que cualquier medida oficial que afecte los ingresos de los inversionistas está prohibida y penalizada con la horrorosa figura de la indemnización por “expropiación indirecta”.

Hoy, cualquier modificación a la Ley 100 es un asunto que podemos dirimir los colombianos de acuerdo a la correlación de fuerzas existente entre las organizaciones populares y la minoría oligárquica.  Con el TLC, cualquier modificación que afecte inversionistas debe tener el visto bueno de los Estados Unidos.  De esta manera, el criminal peaje que la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007 le regalaron al capital financiero dejará de ser un asunto nacional para convertirse en un acuerdo internacional, y formará parte del denominado bloque constitucional.  Desde luego no irreversible, pero si más difícil de desmontar.  Por donde se le mire, para la salud de la mayoría de los colombianos, para el trabajo y la vida digna de los profesionales y trabajadores del sector salud, el TLC es una severa amenaza.

Sin embargo, sus tropiezos actuales no pueden ser motivo de tranquilidad por dos razones.  La primera, porque el obsecuente gobierno de Uribe sigue insistiendo en su aprobación, y cualquier cambio en la política interna norteamericana, en la que los colombianos no tenemos ninguna posibilidad de incidir, podría darle vía libre en algún momento.  La segunda, y más importante para tener en cuenta, es que el gobierno de Uribe, agente de las multinacionales y del capital financiero, no cesa de impulsar e imponer medidas que implementen el “libre comercio”, no importa que el TLC no esté ratificado, ni haya entrado en vigencia.

Avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones populares opuestas a Uribe y a su política, fortalecer el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, avanzar en estas elecciones del 28 de octubre, son tareas indispensables para preparar la portentosa resistencia civil que dé al traste con el neoliberalismo, y siente las bases de una Colombia soberana y democrática y, desde luego, con salud para todos y vida digna para los trabajadores del sector salud, condición que está asociada, de manera indisoluble, a la calidad del servicio.