Ser Laboral

Podrán robarnos nuestras instituciones,
podrán quitarnos nuestros puestos de trabajo estable,
pero… ¡jamás doblegarán nuestra dignidad!

Por Esteban Zárate D.
Secretario Junta Directiva

Continúa la masacre laboral en la ESE Rafael Uribe Uribe

El Gobierno nacional dictó el Decreto 3041 del 10 de agosto de 2007 por el cual suprimió más de 700 cargos, entre ellos la gran mayoría de médicos generales y de los especialistas de la Clínica León XIII, en desarrollo del Decreto 405 del 14 de febrero de 2007, por el cual se suprimió la ESE Rafael Uribe Uribe y se ordenó su liquidación.

El total de médicos cuyos cargos fueron suprimidos fue de 143.  Se preservaron 12 médicos del retén social y de los 18 fueros sindicales en ASMEDAS, 11 son para directivos de la ESE Rafael Uribe Uribe.

De éstos, fueron respetados los fueros de 8 médicos e irrespetados 3.  De los 8 primeros hay dos colegas que están incursos en procesos de levantamiento del fuero sindical.

Lo que debe quedar claro es que la política del gobierno de Uribe Vélez es la supresión de todos los trabajadores, tanto de los aforados como de los que se encuentran en retén social.  Es un hecho la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe y, de la venta de sus activos, dependerá la liquidación e indemnización de los trabajadores.

Al decreto le sigue la notificación individual de la supresión del cargo y posteriormente la información del valor de la liquidación y la indemnización cuando hubiere lugar.  Los empleados públicos de confianza y manejo no tendrán derecho a la indemnización, según la ley.

Es menester rememorar las dos supresiones que hubo en la ESE Metrosalud en los años 2003 con la supresión de 74 cargos de la Unidad de Saneamiento Ambiental (USA), en la que se respetaron 11 prejubilables y dos (2) fueros sindicales pero en la supresión de más de 80 cargos de profesionales en 2006 la administración no se comportó igual pues hubo supresiones de cabezas de familia, las que tutelaron el derecho constitucional siéndoles positiva a cinco (5) trabajadoras.

Como conclusión general, se debe recordar la directiva en el sentido de que cuando sean suprimidos trabajadores aforados, debe interponerse el recurso de reposición en los cinco (5) primeros días hábiles a la notificación pero con el riesgo de demorar la liquidación y la indemnización.  Algunos abogados prefieren la reclamación administrativa directa, que tiene plazo de 4 meses, para que el trabajador reciba la liquidación y la indemnización pidiendo el reconocimiento del fuero después de que sean ejecutados estos eventos.  Pero, ante los jueces, este acto debilita la reclamación directa.  Otro tanto, pero a través de la vía de la tutela cuando sean suprimidos trabajadores en el retén social.  Todo lo anterior sujeto a la voluntad del trabajador de interponer su reclamo.  Los trabajadores que no hagan uso de estos recursos, deben recibir su indemnización máximo a los 60 días de la notificación y su liquidación máximo a los 90 días.  Pero, ¡el 100% de la Convención Colectiva hay que reclamarlo!

Se plantea la posibilidad de realizar una Asamblea de Médicos cuyos cargos fueron suprimidos para orientarles sobre sus derechos laborales, prestacionales y sindicales.

Como había sido denunciado con antelación por el representante a la Cámara compañero German Reyes Forero, en el debate en el Congreso sobre las ESE del ISS, mediante el Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007, el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento que atendía a más de 700.000 usuarios en la ciudad de Bogotá.

Esta ESE ha sido suprimida pese a los excedentes financieros por $24.976 millones de pesos a junio de 2007, contra la aprobación por la Junta Directiva de los estados financieros, contra la certificación de viabilidad financiera provista por la Superintendencia Nacional de Salud, contra el concepto favorable a las cuentas y balances por parte de la Contraloría General de la República y contra el fenecimiento de los estados financieros de la Revisoría Fiscal.

Con una ostentación desaforada de la fuerza pública, las 5 clínicas y 17 CAA fueron copadas y sus más de 4.500 trabajadores tratados como delincuentes de la peor calaña.

Se trata de otro atropello más contra trabajadores, usuarios, contra la Seguridad Social Pública y contra el Estado Social de Derecho Constitucional, cuya finalidad es la de echar trabajadores y aniquilar sus organizaciones, su Convención Colectiva y desprenderse de las obligaciones del Estado para con sus usuarios, privatizar servicios y vender los bienes a los negociantes del dolor.

De esta manera se ratifica una vez más el talante privatizador del gobierno, lo que se certifica con el encargo como operador a CAPRECOM (entidad altamente politiquerizada, la cual tiene varios funcionarios en la cárcel por operaciones fraudulentas).  Este ha realizado contratos con prestadores seudocooperativizados recogidos alrededor de la Cooperativa de Anestesiólogos ANESTECOOP, entidad integrante del nuevo Colegio Médico Colombiano.  Cualquier parecido con el proceso privatizador de las ESE José Prudencio Padilla y la Rafael Uribe Uribe no es sólo coincidencia.  Es una política diseñada desde el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial BM y aplicada inhumanamente por el gobierno de Uribe Vélez.

Se conoce la intención del Gobierno de liquidar al Seguro Social a finales de diciembre de 2007 o antes.

En reunión reciente con los jefes del ISS en Antioquia, la Administración adujo que el 17 de agosto de 2007 finalizó el contrato por capitación del ISS con las operadoras y la atención a los usuarios del ISS dependerá de éstas, las que miran con lupa la financiación de las actividades.  Por lo que se prevé la reacumulación de la represa quirúrgica puesto que Minhacienda niega recursos al ISS y presiona para que se constituya la nueva EPS con las Cajas de Compensación para que, después del 26 de noviembre, finalicen todos los procesos en la EPS ISS y se trasladen a la nueva EPS.  Aquí se prevé que se desatarán todos los dineros para desarrollar los procesos en la nueva EPS.

El 22 de agosto, a las 4:00 p.m., desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, se realizó una marcha contra el despojo del Patrimonio Público a raíz de la venta por el Gobierno al sector privado de varias electrificadoras en Boyacá, Santander y Meta; la aprobación por la aplanadora uribista en el Congreso de la venta del 20% de ECOPETROL; la incursión de la multinacional de aguas MONARCA en las aguas veredales de Sabaneta, y en el área de la salud la venta de las clínicas León XIII, Víctor Cárdenas Jaramillo de Bello, Santa María del Rosario de Itagüí a la Universidad de Antioquia y a la Gobernación de Antioquia, y de los CAA de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación, puestos en venta al mejor postor, léase sector privado.

Se estudia la forma de impedir, mediante demandas, la venta del bien público y se mira con detenimiento la contratación con entidades privadas y seudocooperativas explotadoras en la ESE Metrosalud.