Hacia un nuevo modelo en Riesgos Profesionales

Por médico Luis Fernando Muñoz R.
Especialista en Salud Ocupacional
Especialista en Cultural Política

Apartes de la ponencia presentada al II Congreso Iberoamericano de Salud Ocupacional y la 13ª Semana de la Salud Ocupacional, Medellín, Colombia, Noviembre de 2007

Parto de un hecho contundente ya conocido y aceptado en los ámbitos político, económico, social, sindical y académico del país:  El colapso del modelo neoliberal de Seguridad Social impuesto en la Ley 100 de 1993, engendro del otrora Senador de la República, hoy Presidente de Colombia, el abogado Álvaro Uribe Vélez, cuyo objetivo central era y es acabar con la seguridad social pública, especialmente con el Seguro Social y Cajanal, para despejarle el camino a las entidades del sector privado, volviéndose un negocio ya no la salud, las pensiones y los riesgos profesionales, sino la enfermedad y la muerte, hoy profundizado este modelo por la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1151 del 24 de julio de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, en su artículo 155, avala la posibilidad de fusión de la ARP ISS con empresas mixtas del sector para continuar en la privatización en riesgos profesionales del ISS (Liquidar pensiones del ISS, entregar la ARP ISS a la Previsora Vida).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ocurren en el mundo unas 5.000 (cinco mil) muertes diarias relacionadas con el trabajo, es decir, unos dos millones de fallecidos anuales;  los trabajadores sufren cada año cerca de 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales, y unos 12 mil niños trabajadores mueren por causas relacionadas con el trabajo.  En Colombia, durante 2006 se presentaron ochocientas ochenta (880) muertes por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, doscientos noventa y cinco mil cincuenta y dos (295.052) accidentes de trabajo y dos mil novecientos treinta y cinco (2.935) enfermedades profesionales.  Además, actualmente hay dos millones doscientos mil (2’200.000) niños trabajando.  Aunque todos sabemos que las cifras son mayores ya que existe un gran subregistro en la información.

Estamos ante una pandemia de la cual poco se habla en los medios de comunicación;  las causas de muertes vinculadas al trabajo están por encima de los accidentes de tránsito, las guerras y la violencia.  Por lo tanto, la preservación de la vida y la salud de los trabajadores es el fundamento de la gestión de la salud ocupacional en el mundo del trabajo, dentro del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Hoy es un imperativo de tipo ético, moral y político, enarbolar la bandera de la seguridad social pública como una política de Estado y muy amplia, desde antes de nacer hasta después de morir, salvaguardando a sus ciudadanos, para que primen en la realidad los intereses colectivos sobre los intereses individuales;  para que cambie el criterio de rentabilidad económica por el de máxima rentabilidad social;  para que cese la política de privatización en salud y seguridad social;  para que el empleo sea la savia de la seguridad social y poder conservar y ampliar los espacios de participación ciudadana.

La financiación de la seguridad social en riesgos profesionales debe ser asumida por el presupuesto nacional;  por lo tanto, las contribuciones de los empleadores pasarían a formar parte de los ingresos generales de la nación y sus gastos serían asumidos por ésta, lo que implica que la ecuación de equilibrio estaría a nivel de la economía nacional, siendo necesario y conveniente para el país que un ente público nacional y descentralizado maneje el sistema de riesgos profesionales tanto para el sector formal como para el informal de la economía.

Dentro de este modelo, es vital renegociar la deuda externa con la banca mundial para no continuar pagando 42 billones de pesos anuales, sino unos 30 billones y el resto, esto es 12 billones, para la inversión social, destinando un monto específico para cubrir los riesgos profesionales del sector informal (68% de los empleos en Colombia).

El Gobierno debe dar cabal cumplimiento a los convenios expedidos por la OIT, en materia de riesgos profesionales, específicamente el Convenio 155 (Salud y Seguridad de los Trabajadores) y el Protocolo 11 que plantea “El accidente de trayecto:  como los accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y:  1) la residencia principal o secundaria del trabajador;  2) el lugar en el que el trabajador suele tener sus comidas;  3) en el lugar en que el trabajador suele cobrar su remuneración”, al igual que retomar la definición de accidente de trabajo y de enfermedad profesional que trae el Protocolo 11 de dicho convenio.

Comprometer al Gobierno nacional en eliminar la jornada laboral flexible (Artículo 51 de la Ley 789 de 2002), ya que atenta contra la salud de los trabajadores pues los obliga a estar a disposición permanente del empleador, lo que va en contra del Convenio Uno de la OIT (que establece que la jornada laboral semanal sólo es de 48 horas);  y de abolir la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de la Invalidez, porque violan el debido proceso y el Código Contencioso Administrativo;  privatizan y encarecen el servicio, ya que son entes privados, y todo dictamen médico laboral tiene un costo de un salario mínimo legal vigente; además, dejan en entredicho el acto médico como tal.

Así mismo, modificar el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999), considerando la invalidez como la persona que por cualquier causa de cualquier origen hubiese perdido el 30% o más de su capacidad laboral y por incapacidad permanente parcial a la persona que presente una pérdida de la capacidad laboral superior al 5% e inferior al 30%, puesto que los porcentajes asignados a las deficiencias, discapacidades y minusvalías en este Manual son muy bajos frente a las reales limitaciones de los trabajadores con secuelas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional;  y, con estos porcentajes de calificación, es toda una proeza llegar al 50% que es lo requerido para que una persona sea inválida;  además, las posibilidades de rehabilitación profesional en nuestro medio son nulas.

Lograr que las prestaciones asistenciales y económicas sean iguales tanto para los riesgos profesionales como para los derivados de la enfermedad general;  así nos evitaríamos las ganancias secundarias tan socorridas en nuestro medio y posibilitaríamos mejores condiciones para la investigación en riesgos profesionales al depurar así la información.

Salvaguardar el sistema de seguridad social público es una conquista de los trabajadores y de la sociedad, un derecho humano y constitucional.  Se impone, entonces, la necesidad de mejorar la comprensión de la Seguridad Social en Colombia, de persistir en la tarea de lograr que sea considerada como un derecho fundamental y para que el Estado colombiano y su gobierno tomen la decisión política de contribuir a su financiación; y, por último, ayudar a la construcción de la alternativa política, independiente de la política tradicional, autónoma y pluralista, en la búsqueda de una verdadera seguridad social integral y una democracia real para los colombianos.

Para terminar, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión de Bertold Brecht, dramaturgo alemán:

“El peor analfabeto es el analfabeto político, él no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.  Él no sabe que el costo de la vida, el precio del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado o del remedio dependen de las decisiones políticas.  El analfabeto político es tan ignorante que se enorgullece e hincha el pecho diciendo, que odia la política; no sabe que de su ignorancia política nacen la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y, el peor de todos, el ladrón, que es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.