Ser Laboral

“Todo cambió, para que nada cambie”
La transformación de los institutos nacionales descentralizados en los años 60,
a las empresas industriales y comerciales del Estado en los  90 y de éstas
a las empresas estatales con capital privado accionario,
en los últimos años, algunas de ellas con mayoría particular,
ha sido el proceso estratégico del sector privado para capturar el Estado.

El proceso estratégico privatizador del Sistema de Salud

Por médico Esteban Zárate Durier.
Secretario Laboral de Asmedas Antioquia

Para trabajadores y usuarios, el proceso tórpido de la Empres Social del Estado Rafael uribe Uribe (ESE RUU), la que luego de su liquidación definitiva, el Gobierno nacional entregó el patrimonio remanente a la empresa privada CISA, quien debe responder por los costos de los fueros que no fueron levantados, por las demandas del retén social que reclamen y por las acreencias dejadas de pagar por la Fiduciaria, cuatro sucesos históricos ocurrieron en el país alrededor de los derechos de los usuarios de los servicios de salud y del trabajo decente de los profesionales de la medicina que la nación o no entendió o pasó de agache.

1. La profundización de la “modernización” del Estado mediante la transformación del Estado de Bienestar en un Estado Corporativista.  Lo poco que queda del Estado Social de Derecho está siendo copado por un Estado Privatizado, eufemísticamente llamado Comunitario.  Como resultado, se entroniza el capital financiero en todos los sectores, mientras la negación al derecho a la salud al usuario es pan de cada día.  De otro lado, en el país más de 64.000 trabajadores han sido echados a la calle en el último cuatrienio, de los cuales, en el Área Metropolitana hay 3.000 trabajadores de la salud; entre ellos, 320 médicos perdieron sus puestos de trabajo estables y con Convención Colectiva, para ser remplazados por trabajadores sin derechos, objetos de la voracidad económica de las EPS que han fomentado las seudocooperativas y otras especies negociantes.

2. La contracción del gasto social y la concentración del mismo en la Presidencia de la República, para su beneficio político y el de sus amigos.

3. La quiebra programada de la red pública de salud y la subsiguiente venta, a precio de huevo, de las clínicas y los centros de atención ambulatoria (CAA) al sector privado, como a SUSALUD, a SALUD TOTAL y a otras EPS.

4. La estrategia accionaria de la política privatizadora, tronera para la captura final del Estado Social por parte de la propiedad privada y la sustitución del mismo por una empresa de capital mixto con mayoría accionaria del sector privado, fácilmente negociable en los Tratados de “Libre” Comercio, como la ARP ISS.

El ahora

La “Nueva EPS”, más de lo mismo

En el “nuevo” esquema, la Nueva EPS, con aparente función pública, entrega la atención ambulatoria a contratistas privados (IPS), los que, a su vez, contratan mediante procesos de “negociación” con seudocooperativas, las que compiten entre sí mediante la “ley del centavo”.  Quienes al final cargan en sus hombros los contratos de hambre son los profesionales y demás trabajadores, y los usuarios con servicios cada vez más limitados y de baja calidad.  ¡Es el negocio, señores!

No es casual que el mismo tratamiento se les esté dando a los 30.000 trabajadores que cortan la caña en el departamento del Valle del Cauca, en el pasado del azúcar, hoy transformada en la industria de los biocombustibles.

A manera de homenaje, de admiración y respeto, e invitación a la reflexión, dedicaré parte de esta página a extraer algunos apartes del documento “Las razones sociales y laborales que llevaron al paro a los corteros de la caña”, del investigador social y comunicador Ricardo Aricapa de la Escuela Nacional Sindical, quien viene acompañando la ejemplar lucha de estos trabajadores colombianos.

Palmira (Valle).  19 de Septiembre de 2008.  Agencia de Información Laboral ENS

Una curiosa situación se está presentando en torno al paro que, desde el lunes de esta semana, adelantan más de 10 mil corteros vinculados a cooperativas de trabajo asociado en siete ingenios del Valle del Cauca… La situación curiosa se produce por cuenta de las marchas que se están realizando en la zona, unas a favor y otras en contra del paro.  Mientras los corteros cooperativizados se movilizan y se aferran a la ilusión de que esta vez sí van a ser escuchados y atendidos en sus demandas laborales, y en medio de un cúmulo de dificultades se mantienen firmes en su decisión de no cortar la caña ni permitir la entrada de insumos y la salida de producción, hay manifestaciones ambientadas y organizadas desde la gerencia de los ingenios para golpear el paro justo.

Por su parte, y en respuesta a las marchas organizadas por los empresarios y los sindicatos, los corteros respondieron con una multitudinaria manifestación en el municipio de Pradera, con la participación de sus niños y sus mujeres.  Y también en el municipio de Palmira.

No es esclavitud, pero sí se le parece

Lo que no se aclara en el volante repartido por los empresarios y los sindicatos —y es la otra cara de la moneda— es la abismal diferencia que existe entre los ingresos y las prestaciones económicas y laborales que reciben los trabajadores de planta por convención colectiva, versus los malos salarios y las precarias condiciones laborales en que se debaten los corteros, que no sólo son los más numerosos en la cadena de producción del etanol y el azúcar, sino los más discriminados y salarialmente mal tratados.

En efecto, aparte de que los corteros contratados por aparentes cooperativas devengan los salarios más bajos y no gozan de ninguna prima o bonificación extralegal, tienen que asumir de sus bolsillos el costo de la seguridad social, herramientas, ropa de trabajo, transporte y aportes sociales y costos de administración de las cooperativas de las cuales son asociados.

Los costos que tienen que asumir de sus bolsillos, en forma de deducciones de su salario (“compensaciones” en el lenguaje de las cooperativas), oscilan entre $120.000 y $400.000, lo que deja su ingreso neto mensual rayando el salario mínimo, o por debajo.  Y, en no pocas ocasiones, cuando los tajos de caña asignados son escasos o el cortero por alguna razón deja días sin laborar, la quincena no les llega ni a los $200.000.

Lo que significa trabajar al destajo

La otra gran diferencia se da en la jornada laboral.  Mientras los trabajadores de planta en los ingenios tienen jornada legal de 48 horas semanales, los corteros cooperativizados no tienen jornada fija, su trabajo es a destajo.  Son obligados a trabajar hasta que se termine de cortar el área asignada por el ingenio a cada cooperativa; y si ese tiempo excede las 48 horas semanales, no reciben una remuneración adicional por horas extras, porque esta garantía, consagrada en la legislación laboral colombiana, no aplica a los cooperativizados.  Como también es común que trabajen domingos y festivos, como una forma de aumentar sus reducidos ingresos.

En la práctica, los corteros tampoco tienen vacaciones.  Mientras los trabajadores de planta, sindicalizados o no, reciben por concepto de vacaciones una remuneración adicional a su salario básico, para los corteros afiliados a las cooperativas el rubro vacaciones es parte integral de las “compensaciones” que reciben por tonelada cortada, sin ninguna bonificación por encima de este pago.  Por eso es muy difícil, casi imposible, ver a un cortero en vacaciones, primero porque no tiene plata para disfrutarlas, y segundo porque prefiere no sacar los 15 días de descanso porque esos días no se los paga nadie.  De ahí que la navidad y el año nuevo sean días tristes para los corteros de la caña, casi siempre los sorprenden sin un peso de más en el bolsillo.

Y lo otro que no consideran ni mencionan los empleadores de los ingenios que están en contra del paro de los corteros, son las características propias del trabajo que éstos realizan.  Es una de las actividades más duras y riesgosas de toda la agroindustria nacional; es un trabajo extenuante y repetitivo (según estudio del Sena, cada día un cortero hace 5.400 movimientos del brazo, con el machete subiendo y bajando en golpes rápidos y exactos), que causa innumerables accidentes, lesiones y enfermedades profesionales: síndrome de túnel carpiano, artritis, lumbagos severos, heridas en brazo y hombros.  Además, tienen que laborar expuestos al calor del sol y a los aguaceros, y tienen que aguantar las pavesas y el humo generados por la quema de la caña y la contaminación causada por el uso generalizado del glifosato en las plantaciones; y lo hacen sin elementos de protección.

Cuando un cortero sufre un accidente o enfermedad profesional, normalmente hace todo lo posible para seguir laborando a pesar del dolor y el malestar, porque para los cooperativizados una incapacidad de menos de 3 días no es remunerada, y una incapacidad de más tiempo sólo es remunerada después de que la ARP tramite el pago a la cooperativa; trámite que puede demorar varios meses, en los cuales el cortero queda desprotegido y sin ingresos.  En estos casos, es común que sus compañeros corteros traten de brindar una solidaridad al enfermo con donaciones y rifas.  Y lo que es peor aún: si un cortero padece una lesión o enfermedad tan grave que no le permita seguir trabajando, las empresas no hacen ningún intento para reubicarlo, argumentando que por su falta de formación profesional no es factible ofrecerle otro puesto dentro del ingenio.  Y así se deshacen del trabajador enfermo como si fuera un bien desechable.

Por todo lo hasta aquí expuesto, toca darle la razón a los corteros cuando dicen que su situación es lo más parecido a una “moderna” esclavitud.  Por consiguiente, lo más sensato es que los trabajadores corteros de caña ganen igual salario y obtengan iguales prestaciones económicas y laborales, independientemente de si son trabajadores de planta o no, o son cooperativizados.