Desde la Cámara

De la lucha gremial a la política, en torno a la Seguridad Social

Por médico German Enrique Reyes F.
Representante a la Cámara por el PDA
E-mail: germanreyescamara@yahoo.es

Proclamada la Constitución de finales de 1991, la del Estado Social de Derecho, el año siguiente fue de intensos debates.  En movimiento fue puesta la agresiva campaña de imponer y desarrollar el modelo neoliberal; todo lo del Estado era malo y había que desmontarlo.  La eficiencia, la eficacia, la efectividad, la calidad, la libre elección, fue el discurso de moda.  Fue el momento de echarle el manotazo  al ISS y al Sistema Nacional de Salud de aquella época.  La reforma chilena, impuesta a sangre y fuego en beneficio de las leyes del mercado, se constituyó en el modelo.  Los chicos de Planeación Nacional, fieles seguidores de las directrices del Banco Mundial, con la arrogancia que les acompañó, enfrentaron los escenarios de la academia y los gremios.  Apareció Álvaro Uribe Vélez como coordinador de ponentes de lo que hoy es la Ley 100, como expresión de la clase política dominante y manipuladora.

Asmedas, Sintraiss y las Centrales Obreras, entre otros, en contraposición al proyecto gubernamental, presentamos el Proyecto #248 de 1993 que analistas o historiadores pueden consultar en los archivos del Congreso de la República.  Fuimos propositivos, en medio de la movilización y la lucha sindical.  Los días 14 y 15 de mayo de 1993, en Asmedas Seccional Antioquia desarrollamos un seminario sobre la verdadera seguridad social integral que requeríamos1.  Allí apelamos a los aspectos normativos constitucionales y supraconstitucionales vigentes, producto de los convenios y tratados internacionales, reflejo de las concepciones del Estado de Bienestar.  Hoy teorías claramente defendidas e invocadas en repetidas ocasiones por la Corte Constitucional o los jueces de tutela, como garantes de ese pacto.  Para nosotros fueron claros los principios que deberían regir la seguridad social. Tomamos las banderas de la construcción y desarrollo del Estado Social de Derecho, con una seguridad social integral como ese derecho absoluto consignado en el preámbulo constitucional.  “Por la ampliación de la seguridad social a toda la población colombiana, con el compromiso del Estado en su financiación”, fue la consigna agitada en el desfile del primero de mayo de aquel año, tal como lo consigné en nuestro periódico2.  MOMENTO MÉDICO, fiel testigo de nuestra lucha y de nuestras posiciones, guarda innumerables artículos y consignas que sólo la historia habrá de validar.

Seis años después de promulgada la Ley 100, seguíamos  invocando la necesidad de una verdadera seguridad social integral.  El debate continuó centrado en tres propuestas3: la de los “ajustadores” del modelo (mejorar flujo de dineros, corregir elusión y evasión, mejorar sistemas de información, recortar beneficios, acabar con las tutelas), los mismos que fueron reconocidos 13 años después con la Ley 1122 del 2007; “los reformadores”, cuya única intención fue acabar con el ISS en salud, pensiones y riesgos profesionales, para entregarlo al sector privado; hoy, tanto ajustadores como reformadores, todo lo han logrado; esta fue la devoción de Álvaro Uribe quince años atrás; los que propugnamos por un nuevo modelo de salud “que no sea un negocio más, y rentable para el capital financiero; que proteja la red pública de salud […], que defienda el derecho de todo ciudadano a acceder con facilidad y sin cortapisa a los servicios asistenciales”4.  En esta lucha continuamos y los hechos cada vez más nos dan la razón.

En 1999 escribí: “El sector de la salud viene planteando la necesidad de un nuevo modelo de seguridad social para el país.  […] El sólo instrumento sindical no es suficiente, al interior de nuestras organizaciones se consolidó la idea de crear un movimiento político que en representación de los trabajadores de la salud, amplíe su horizonte de interlocución y de poder”5.  Durante los meses siguientes, repetí “Desde hace varios años, y en especial en los últimos cinco, los trabajadores de la salud hemos desarrollado grandes batallas por la defensa de la salud y la seguridad social, combatido el modelo presentando alternativas a corto y mediano plazo, pero el muro se vuelve infranqueable ante la testarudez del sistema”6.  Aceptada esta táctica, incursionamos en la política a través del Frente Social y Político, embrión de lo que hoy es el Polo Democrático Alternativo; con éxito apoyamos la senaduría de Carlos Gaviria Díaz (Ex Magistrado de la Corte Constitucional), fiel defensor del Estado Social de Derecho; la candidatura de Alba Helena Correa Ulloa (Enfermera Profesional) a la Cámara de Representantes, y de Adolfo León Betancur Arango (Médico) al Concejo de Medellín, en su condición de trabajadores de la salud.  En el año 2005 me correspondió enfrentar la campaña a la Cámara de Representantes y logré esta curul por el período 2006 - 2010.  ¿Se ha materializado con dignidad este propósito?  Este es el interrogante que dejo a mis lectores y que hace parte de mis constantes reflexiones.

En septiembre de 2006 radiqué en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 130 en procura de crear el sistema Integrado de Seguridad Social en Salud – SISESA-, con el propósito de superar las causas profundas de la crisis en el sistema de salud y de dar respuesta a los crecientes problemas.  Como tesis central, invariable desde quince años atrás, planteé la necesidad de entender la salud como un derecho fundamental per se y, además, por su conexidad con el derecho a la vida; con un modelo universalista (no condicionado a la capacidad de pago); con un sistema mixto de financiamiento (impuestos y contribuciones parafiscales); con una integración de lo preventivo, lo asistencial y los riesgos profesionales en una perspectiva amplia de salud pública, además de promover y fortalecer el ejercicio de ciudadanía.  Este fue el aporte y trabajo de los académicos, los usuarios de la salud, los trabajadores, del Movimiento Nacional por la Defensa de la Salud Pública y de muchos otros más.  No tuvo éxito, por la maquinaria empotrada del gobierno déspota y autócrata.  Entre tanto, la crisis se profundiza.  La Corte Constitucional continúa invariable en sus pronunciamientos.  La red pública hospitalaria pasa por su peor momento en sus finanzas y en sus atenciones; las colas y la insatisfacción de los usuarios aumenta; el negocio de la salud es lucrativo para unos cuantos.
 
Desde y en el Congreso de la República, he copado debates de control político, foros académicos y gremiales, espacios o medios de comunicación posibles, denuncias.  La inconformidad y la audiencia crecen.  Algún día, y no muy remoto, todo será posible, así como el derecho fundamental a la salud y la seguridad social.

1. Ver Periódico Momento Médico No.33 de Mayo de 1993 de Asmedas-Seccional Antioquia