Seguridad Social o Seguridad Democrática
Paz o guerra

Por médico Luis Fernando Muñoz R.
Especialista en Salud Ocupacional
Especialista en Cultura Política

La seguridad social es universalmente reconocida como la protección integral del bienestar material y de las necesidades sociales comunes a una población.

La seguridad social debe ser una política de Estado que abarque todas las esferas y cubra los riegos a los que están expuestas las personas de un país; esto es, la salud; la educación; la vivienda; la pensión; el empleo; la recreación; el deporte; la seguridad alimentaria, personal y financiera, entre otros.

Constitucionalmente, la seguridad social es considerada prioritaria en un Estado Social de Derecho, desde su preámbulo y sus artículos 1, 2, 3, 43 y fundamentalmente el 48 y el 49.

Por lo tanto, el núcleo de la seguridad social lo constituyen la libertad y la paz con justicia social.

El concepto de Seguridad Democrática, el cual abarca todas las esferas de la seguridad, se le debe a uno de los ideólogos que participaron en el evento Internacional del Milenio, realizado en el Perú, el hoy Presidente del Polo Democrático Alternativo y Ex Magistrado doctor Carlos Gaviria Díaz, cuando se desempeñaba como presidente de la Corte Constitucional en el año 2000, en contraposición al concepto tan desprestigiado de “seguridad nacional”, el cual ha sido utilizado por el Imperio Norteamericano y, de por sí, lleva implícita la connotación de invasión a los pueblos.

Pero el presidente Álvaro Uribe Vélez acuñó este término de seguridad democrática como eje de su política retomando sólo el aspecto de seguridad del Estado y la seguridad personal de los potentados por encima de las libertades de los ciudadanos y por encima de las mínimas condiciones de vida para los colombianos.  Por esto, se han dado en los últimos años cientos de ejecuciones extrajuicio, perpetradas por la fuerza pública; esto es, crímenes de lesa humanidad, los cuales el Gobierno llama dizque “falsos positivos”.

De ahí que el núcleo de la “nueva” seguridad democrática sea la violación de los derechos humanos y la guerra.

Por eso, el Gobierno ha venido cumpliendo el objetivo central de la Ley 100 de 1993, engendro del otrora senador de la República, hoy presidente de Colombia, acabar con la seguridad social pública en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como con las instituciones públicas.  Mientras que, de un lado se viene fortaleciendo el gasto en la guerra ($60 billones), del otro, en salud, este mismo gobierno viene cerrando hospitales públicos, liquidando empresas sociales del Estado, como las del otrora Seguro Social, constituyéndose la Nueva EPS de carácter privado y entregando la ARP ISS a la Previsora Vida (ARP Positiva).  Con razón, Juan Luis Londoño De La Cuesta, al momento de ser aprobada la Ley 100 exclamó: ·Bienvenidos al negocio de la salud”; y otro personaje dijo: “Van a terminar con el ISS y con los hospitales públicos”.

Según las estadísticas de tipo nacional, el 48% de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud; en educación, se viene dando también la privatización y cierre de establecimientos públicos, recorte del presupuesto para las universidades públicas y un dato que muestra esta cruda realidad es que más de 1’600.000 niños entre los 5 y los 17 años de edad están por fuera del sistema educativo (Foro CUT – ENS realizado en 2007).

El futuro de las pensiones en Colombia es incierto ya que hay 17 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo; además, el 70% de los colombianos en los próximos años no podrá tener una pensión digna (Procurador en Noticiero CM&, 2 de diciembre de 2008).  Esto se lo debemos también a la “nueva” seguridad democrática.

En cuando a la seguridad alimentaria, entendida como la disponibilidad de suministros suficientes basados en la producción nacional, esto es, la autosuficiencia alimentaria, cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia en 2002, Colombia importaba 4 millones de toneladas de alimentos y al final de 2007 estábamos importando más de 8 millones de toneladas; la producción de cebada desapareció, la de trigo quedó en reductos pequeños al igual que el maíz, y se agrava aún más la situación con el plantío de palma africana tendiente a la producción de agrocombustibles.

Si hoy Colombia cerrara las importaciones, quedaría sumida en una severa crisis alimentaria porque no tendríamos pan, pasta, pollos, huevos y estaríamos sin carne de cerdo, en un país que tiene tierras de todo tipo y agua suficiente para el regadío necesario que le permita producir y exportar.

La seguridad financiera de Colombia se ha convertido en una gran inseguridad inversionista con motivo de la caída de las pirámides legales e ilegales y de “empresas” como DMG, la cual venía pagando los impuestos cumplidamente y que, según Noticias Uno de televisión, recibió meses atrás una misiva de felicitaciones de parte del propio Presidente de Colombia, lo que muestra claramente la indolencia de éste y la ineficiencia estatal para controlar y evitar la ilegal captación de recursos del público; el desdén con que fueron tomadas las advertencias del Gobernador de Nariño y la lenta reacción del Gobierno, lo que ha originado la indignación de millones de personas que ahora señalan a Uribe Vélez como responsable de la pérdida de sus ahorros.

Para reafirmar lo anterior, veamos lo que dice el Artículo 189 Numeral 24 de nuestra Constitución Política de 1991: “Corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa: ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.  Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles”.  Luego, es cierto que el Presidente viene violando la Constitución Política colombiana y, por lo tanto, tendrá que asumir toda la responsabilidad política que le corresponde; lo mejor para el país, y por dignidad, sería su renuncia.

Considero que con este gobierno no hay esperanza de solución a los problemas sociales, económicos y políticos, ni para las clases medias ni para las clases populares.

Esta situación planteada sería el comienzo de una nueva era que dejaría las bases para reemplazar ideológica, ética y políticamente la desastrosa y tramposa gestión llevada a cabo en más de seis eternos años por este gobierno y su bancada corrupta.

Colofón: Los partidos verdes y la izquierda unida de Europa acusan al presidente Álvaro Uribe Vélez de “tenderle una trampa a Europa vendiendo la política de seguridad democrática como un plan de paz cuando en realidad es un maquiavélico plan de guerra”.  Palabras del eurodiputado J. Wutz.