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La paz y los 18 años de la Constitución colombiana
El fortalecimiento de la justicia, la autonomía de la rama judicial, el equilibrio de poderes, la democratización de la gestión pública, la prioridad en el gasto público social, y el paso de la democracia representativa a una democracia participativa –hoy a medio camino-, constituyen algunos de los grandes avances que la Carta Política de 1991 propuso al país como camino hacia la paz. La realización de 28 reformas al texto original, muchas de las cuales amenazan el Estado Social de Derecho, el espíritu del consenso social y el pacto de paz, muestran claramente una minoría de edad en nuestra Carta magna. Graves amenazas han afectado su aplicación, alcance y vigencia, especialmente la corrupción, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la vulneración del derecho internacional humanitario por parte de organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la acción de los grupos armados al margen de la ley que ha incidido en las decisiones públicas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Recientemente visitó a Medellín el ex magistrado y actual precandidato presidencial a la República de Colombia por el Polo, Carlos Gaviria Díaz, y ante los medios de comunicación señaló que “el gran acierto del Constituyente de 1991 consistió precisamente en abrir caminos hacia la paz, pero articulada al respeto y vigencia real de los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos, derechos en los que el actual presidente Uribe no ha creído y que convirtió en una promesa incumplida”. Y aseguró que la universalización de dichos derechos es una ‘exigencia urgente’ porque mientras no se satisfagan necesidades como la salud, la educación, el empleo, la alimentación, la vivienda digna, no será posible lograr la paz. Al final del encuentro con los periodistas antioqueños, Gaviria Díaz instó al Gobierno a reconocer la existencia de un conflicto armado en el país, situación que seguramente le facilitará hacer un diagnóstico de la realidad nacional; y a que, conjuntamente con los partidos y movimientos políticos, con las organizaciones sociales, con la academia, con los medios de comunicación, con la Iglesia, con los empresarios y la ciudadanía en general, se construyan estrategias que promuevan la democracia y la justicia social y posibiliten la paz. |
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