La salud tiene que ser un derecho fundamental

Por médico Luis Fernando Muñoz R.
Especialista en Salud Ocupacional
Especialista en Cultura Política

Históricamente, los principales avances en salud en Colombia y todas las reformas han sido consecuencia de diversas presiones de tipo político y económico, y han obedecido a diferentes tendencias de orden internacional.  Podríamos decir que en Colombia las reformas a la Seguridad Social en Salud han sido condicionadas, más que por las necesidades reales de la población en materia de salud, por necesidades de orden político y económico y por exigencias de actores Nacionales e Internacionales.  En esa medida, se hace importante, a la hora de emprender el análisis del Sistema, tener en cuenta los diversos factores exógenos al sector como lo son el crecimiento de la economía, el aumento o disminución de la población empleada y los cambios en la estructura demográfica de la población, además de las reglas de juego impuestas por la banca internacional.

La implementación del libre mercado en Colombia ha generado crisis en algunos campos de la economía; esta crisis está repercutiendo directamente en los índices de desempleo, hoy casi en el 13%.  Los gremios económicos no están preparados para afrontar la globalización y es por ello que algunos entran en quiebra.

De otro lado, los organismos de financiación internacional (Banco Mundial –BM-, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, Fondo Monetario Internacional –FMI-) están exigiendo a los países en desarrollo la puesta en marcha de una serie de medidas tales como la flexibilización laboral, adelgazamiento del Estado, entre otras, las cuales están contribuyendo a la pauperización de las personas que dependen de un empleo y a la población en general.

La tendencia es a no vincular laboralmente en forma directa a las personas que se requieren en una organización sino a hacerlo a través de intermediarios (cooperativas de trabajo asociados –CTA- y empresas temporales), lo que disminuye el ingreso de los trabajadores y, por ende, el monto de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es de anotar que el aumento de las coberturas en el Sistema de Salud está estrechamente ligado al nivel de empleo de la población, razón por la cual mientras no existan en el país las condiciones que garanticen el crecimiento positivo de las tasas de empleo, no habrá un aumento real de nuevas afiliaciones a salud en el Régimen Contributivo.  Vemos que es todo lo contrario; cada día aumenta el número de personas afiliadas al Régimen Subsidiado en salud (más de 20 millones), puesto que no tienen capacidad de pago.

Dentro del Aseguramiento en Salud se ha fortalecido una figura perversa; me refiero a los intermediarios, es decir las EPS y las EPS-S (EPS Subsidiadas), que se han convertido en entes que obstaculizan el acceso a la atención en salud y se quedan con buena parte de los recursos financieros reportando mayores ganancias para ellos; veamos, de las 100 empresas más grandes y rentables del país, cinco Empresas Promotoras de Salud (EPS), Saludcoop, Coomeva, SaludTotal, SuSalud y Sanitas, están con jugosas utilidades.  Así mismo, el Gobierno nacional, dentro de la bolsa reguladora de este negocio, el Fosyga, ha acumulado casi $6 billones, de los cuales el 76% está invertido en los Títulos de Tesorería (TES) con los que el Estado financia gran parte de sus obras, quitándole los recursos a la salud.

Está en manos del Gobierno nacional y los organismos de control garantizar la realización de los estudios técnicos pertinentes que sirvan de base para el aumento anual de las unidades de pago por capitación (UPC).  De igual forma, establecer mecanismos que garanticen una rigurosa vigilancia y control y un seguimiento directo de los diversos procesos desarrollados al interior del mismo, en especial al proceso de intermediación el cual es necesario eliminar, pues es en este en donde se ha encontrado los mayores obstáculos para el funcionamiento del sistema.

Finalmente, pudiéramos decir que, aunque existen recursos suficientes para financiar la prestación de los servicios en salud (aproximadamente diecinueve billones de pesos -$19 billones-), vale la pena anotar que, prácticamente, este gobierno ha privilegiado la privatización y liquidación del sector considerando la salud, la enfermedad y la muerte como mercancías, esto es como un negocio rentable; y, mientras ello ocurra, se seguirán presentando los paseos y las rutas de la muerte.  Por consiguiente, no basta la existencia de recursos financieros, los cuales, en muchas ocasiones, son desviados de su objeto social; se requiere, además, una reforma constitucional democrática para lograr que la salud sea considerada como un derecho fundamental del ser humano y a cargo del Estado y, por ende, para que prime el interés público sobre el privado.