Sucedió en el Congreso de Salud Pública sobre APS

Por médico Hernán Gaviria Q.
Especialista en Gerencia de Servicios de Salud
E-mail: hernangaviriaquintero@yahoo.es

Quiso la Facultad Nacional de Salud Publica de la Universidad de Antioquia que su 6º Congreso Internacional de Salud Pública realizado en Medellín los días 11 a 13 de junio del presente año, abordara todo lo relacionado con ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS), desde lo gubernamental, los servicios de salud, la academia y las organizaciones sociales y comunitarias.  En especial, pretendió conocer “los avances, las experiencias y los conocimientos que ha generado la aplicación y la investigación en APS, [en el marco de coadyuvar en] alcanzar la equidad, la accesibilidad en salud y a garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental, afrontando los determinantes de la salud y con miras a lograr los objetivos del milenio” 1.

En la convocatoria, como en la declaración final, se ratificó “Abogar para que el Derecho a la Salud sea garantizado como un derecho humano fundamental que favorece el desarrollo humano y el goce de las mejores condiciones de vida y bienestar, para la realización de las personas y las comunidades” 2.  Coincidieron en el propósito que los sistemas y servicios de salud deben ser orientados en el marco de la justicia social, la solidaridad y la garantía de los derechos humanos.  Algo imposible y ya suficientemente demostrado en el actual sistema de salud (Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007) regido por las concepciones del liberalismo clásico o, mejor, neo-liberales, que entienden la salud y los servicios como un conjunto de derechos económicos y sociales, no formulados en términos de derechos fundamentales, sino sometidos a la protección del ámbito privado y sin ninguna talanquera que intervenga la lógica del mercado.  Debate en contrario, ampliamente sostenido por las Cortes y Jueces de la República en el marco de la definición del Estado Social de Derecho, apoyado por el movimiento social y algunos sectores políticos y que Asmedas, como sindicato de los médicos, siempre ha mantenido invariable.

Conferencistas nacionales y extranjeros coincidieron en afirmar que tanto APS como los servicios de salud y la salud, son incompatibles con los modelos de mercado y, como académicos, no pudieron substraerse del campo de la política y del poder desde donde se legisla y da al contra de sus intenciones.  APS no se ha aplicado por interferencia de los gobiernos que siguen la lógica de la fría racionalidad del mercado, donde los pueblos no son sujetos de derecho, sino meros consumidores.  Al unísono, reconocieron que APS concebida como selectiva (focalizada) ha sido un fracaso.

En la discusión sobre la dimensión política de APS y para su análisis, el profesor Rubén Darío Gómez Arias tuvo como referente el contexto político, el papel de la Organización Mundial de la Salud y el papel del sector financiero.  En lo político, el proyecto neo-liberal nucleó las políticas públicas (mejorar las ganancias, consolidar los derechos individuales, reducir los costos de transacción, optimizar la captura de rentas) como forma de atender los requerimientos de la banca internacional, arrasando de esta forma con aquellas concepciones aún del capitalismo y el keynesianismo propias de los Estados de Bienestar Europeos o de los Estados Desarrollistas de América Latina o de algunos esbozos de tipo socialista que pretendían imponer el predominio de atender a los intereses colectivos sobre los individuales.  Así el dilema, es fácil entender: las políticas públicas, entre ellas la salud, las definen los grupos económicos y las élites locales, dejando por fuera a los organismos internacionales como la OMS, con el consiguiente resultado que hoy han sido constreñidas las metas de salud pública y el gasto social.

Hoy, ¿quiénes le apuntan a la política de APS?  Preguntó y se respondió el profesor Gómez Arias: los que están por aumentar coberturas con cargo al Estado sin tocar la propiedad (que los ricos sigan siendo más ricos).  Alma Ata, la de APS, fue una negociación entre adversarios políticos (los del Nuevo Orden Económico Internacional) con el supuesto de reducir pobreza y desigualdad, pero que en la década de los 80 decidieron echar reversa y, por recomendaciones del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), decidieron focalizar los gastos, ya no de salud para todos en el año 2000 o de cerrar las brechas, sino hacia las llamadas “inversiones más rentables o programas verticales de APS”.  De esta forma, los grupos de poder neutralizaron el potencial político de Alma Ata e hicieron que APS se redujera a unos cuantos programas estatales (fortalecimiento de centros, puestos y hospitales de primer nivel), promotores rurales, actividades informativas y programas focalizados (malaria, TB, vacunas), además desfinanciados.  La estocada final a APS sobrevino con la Ley 100, donde servicios de salud que no se comportaron como negocio rentable debieron ser abandonados.  APS fue abandona y hoy el país es testigo del deterioro de los indicadores de salud.

Hablar de APS es imposible alejados del discurso de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS): la vida, la muerte, la enfermedad, la salud y el ambiente; reflejados hoy en la inequidad, la mercantilización y medicalización de la salud, el deterioro ambiental y la crisis del modelo económico-social y político.  El profesor Saúl Franco Agudelo 3 recomendó tres específicas acciones: 1. Mejorar las condiciones concretas de vida (bien-vivir de los niños, vivienda digna, empleo justo y trabajo decente, sistemas de salud no mercantiles); 2. Enfrentar la inequitativa distribución del poder, el dinero y los recursos; 3. Entender y medir el problema y evaluar los impactos de las acciones.

Desde Asmedas Antioquia reiteramos nuestra disposición a actuar sobre los DSS; esos han sido nuestro pensar y nuestra línea de acción.