La misión médica trabaja bajo amenazas

SEGÚN EL MINISTERIO de la Protección Social, en Colombia se cometen toda clase de infracciones contra la misión médica sin que ello motive rechazo alguno de la ONG Human Rights Watch.

Este año ya suman trece los atentados contra la misión médica, según el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt.

Entre estos ataques se encuentra el ocurrido el pasado 17 de mayo, cuando supuestos guerrilleros de las Farc bajaron a un paciente de la ambulancia en la que era transportado y lo remataron sobre la vía que de El Tarra conduce a Tibú, Norte de Santander.

También se han presentado ataques a unidades sanitarias y restricciones a la oferta de servicios de salud, sobre todo en zonas rurales, de algunos municipios.

Por esta razón, el ministro Palacio Betancourt le envió una carta a Kenneth Roth, director ejecutivo de la ONG estadounidense Human Rights Watch.

En la misiva, fechada el 19 de mayo pasado, el Ministro le recuerda que durante los últimos trece años han sido asesinadas 142 personas del sector salud, 290 han sido amenazadas y otras 108 han sido retenidas ilegalmente o secuestradas.

"Con extrañeza observamos el silencio de Human Rights Watch (HRW) ante hechos como el antes referido y que se constituye en un grave atentado al Derecho Internacional Humanitario".

Carlos Ignacio Cuervo, viceministro de esta cartera, indicó que hay una preocupación grande, porque ante una infracción tan grave y reiterada a los principios del Derecho Internacional Humanitario, no existe aún una condena por parte de HRW, "como si la ha habido para condenar otros hechos en Colombia", sostuvo.

"La carta dice que se observa con extrañeza que ante hechos como el de Norte de Santander no hay una condena como lo hacen tantas veces frente a otras violaciones de derechos humanos", dijo.

Médicos judicializados

En su balance anual, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, reportó 35 infracciones contra la misión médica cometidas durante 2008. Entre las más comunes, las amenazas contra el personal de la salud, los ataques contra la infraestructura (puestos de salud y ambulancias) y las judicializaciones contra médicos por atender a miembros de grupos armados ilegales.

Sin embargo, el reporte sólo reúne los hechos conocidos de primera mano por este organismo internacional, lo que indica que las infracciones cometidas pudieron haber sido más.

Frente a la judicialización de personal médico por prestar sus servicios a ilegales, el viceministro Cuervo sostuvo que "nosotros como Ministerio le hemos dicho al Gobierno que qué puede hacer un médico rural que es intimidado o amenazado para que atienda a alguien. La respuesta es que se judicialice al que de manera deliberada colabora con un grupo al margen de la ley. Y se hace la diferencia con el médico que, de manera ocasional tuvo que prestar sus servicios", indicó.

Tomado de: www.elcolombiano.com.co, del sábado 23 de mayo de 2009