SERVICIOS

. Afiliación
. Grupo de correo
. Paute aquí
. Links

El diálogo como estrategia de superación del conflicto armado

La acción del Estado es legitima en la medida en que se presente de manera integral y en un marco de comprensión del conflicto y sus causas

Es comprensible la solicitud de algunos de los participantes en este blog (Jairo, Enoc, Anónimo, Gonzalo Martínez) en el sentido de querer ver reflejadas aquí propuestas más concretas sobre los problemas del país. Habiendo compartido con ustedes algunos de los principios y presupuestos del proyecto político en el que hoy guardo mis esperanzas, creo importante avanzar en reflexiones sobre temas más concretos. Para tales efectos, he elegido para esta semana el tema del conflicto armado interno, sobre el cual Carlos, Juan y Federico Zurcher han manifestado algunas dudas.

Creo que la solución al conflicto debe ser buscada por la vía del diálogo, lo cual implica aclarar algunos elementos. En primer lugar, esta salida no implica que el Estado deba renunciar al uso legítimo de la fuerza. Aquella es una función irrenunciable y para ello se debe contar con todos los instrumentos legales disponibles que permitan contrarrestar las agresiones de los grupos armados ilegales. Sin embargo, es necesario reflexionar acerca de lo que se entiende como "uso legítimo de la fuerza." La acción del Estado gana en legitimidad en la medida en que se presente de manera integral y en un marco de comprensión del conflicto y sus causas. De poco sirve una estrategia concentrada en el aspecto militar, si en el trasfondo existe una visión equivoca de las razones de la violencia armada.

En este sentido, es necesario aceptar que en Colombia existe un conflicto armado interno y que sus causas provienen, en una gran proporción, de la situación de pobreza e injusticia. Esta última idea puede ser discutible para algunos. Unos podrían pensar que la pobreza y la injusticia no tienen nada que ver con el conflicto. Otros podrían decir, y con ellos me encuentro de acuerdo, que más allá del problema de la pobreza, la situación de injusticia y de distribución inequitativa de la riqueza, es una causa inmediata del mismo.

Lo cierto en esta discusión es que ni los que consideran que existe esta relación causal, ni los que la niegan, tendremos argumentos concluyentes para convencer a los otros de lo contrario. Por lo tanto, lo que propongo es lo siguiente. Hemos vivido bajo un gobierno que ha entendido que en Colombia no existe un conflicto armado y por lo tanto que la situación social nada tiene que ver con la situación de violencia. Demos paso a una concepción en la que actuemos, en beneficio de la duda, como si existiera esta relación causal. Ello nos permitirá actuar en una dirección que nadie estaría dispuesto a objetar, es decir, dirigir los esfuerzos en la vía del diálogo pero entendiendo que es necesario paralelamente tomar medidas en contra de esas causas estructurales del conflicto.

Actuar como si esa relación no existiera conduce a consolidar un estus cuo inicuo. Asumir que esa relación si existe y actuar en consecuencia conduce a la construcción de una sociedad más equitativa, resultado que no es despreciable.

¿Por qué la izquierda unida?

El llamado a la unidad de la izquierda no es una fórmula de exclusión de aquellos que tradicionalmente no se han considerado de esta orientación política, sino una invitación a todos los sectores de la sociedad, sin distinción alguna, a que se sumen de manera ética, sincera y sin vacilaciones al propósito de hacer realidad los ideales de justicia y equidad.

Algunas de las inquietudes de los participantes en este blog se relacionan con la caracterización que damos hoy al proceso de unión de la izquierda, entre éstos, unos consideran que alinear una serie de propuestas alternativas bajo este rótulo conduce a polarizar los ánimos y contribuye muy poco a brindar una salida al país.

Permítanme expresarles el sentido que doy a la conformación de la izquierda en Colombia hoy. Como señala John Rawls, uno de los principales exponentes de la filosofía política del siglo XX, existen tres presupuestos básicos para que una sociedad alcance unos niveles mínimos de justicia. En primer lugar, la consagración de unos derechos y libertades básicos e igualitarios para todos los individuos asociados con las clásicas libertades, es decir, libertad de expresión, de circulación, de asociación, libertad de conciencia, libertad de empresa, etc.; en segundo termino, el elemento central que ha caracterizado de una u otra manera las críticas que desde la izquierda se han hecho al capitalismo, es decir, la certeza de que resulta imposible hacer realidad esas libertades sin satisfacer las necesidades básicas de los individuos; y en tercer lugar, la aceptación de tratos desiguales en la sociedad únicamente en aquellos casos en los cuales estas desigualdades redunden a favor de los menos favorecidos. En pocas palabras, la defensa de una idea central según la cual es imposible desarrollar cualquier expresión de libertad cuando la población debe soportar hambre y no encuentra satisfechas sus necesidades más básicas.

Como ningún otro sector político en el país, la izquierda puede reclamar estos presupuestos como bandera política, en especial, aquellos que hacen énfasis en la necesidad de una sociedad más equitativa e igualitaria. Nadie podría creer honestamente que los partidos tradicionales y el actual gobierno, a pesar de los giros ideológicos que suelen dar, puedan inscribirse hoy por fuera del neoliberalismo, tendencia que han incentivado por años y que se antepone diametralmente con los principios recién señalados.

Habrá que entender que la denominación de "izquierda" y la necesidad de emprender el camino de unidad no es una fórmula de exclusión de aquellos que tradicionalmente no se han considerado de esta orientación política, sino el llamado a todos los sectores de la sociedad, sin distinción alguna, a que se sumen de manera ética, sincera y sin vacilaciones al propósito de hacer realidad aquellos ideales de justicia.

El Estado Social de Derecho y el Estado Comunitario

Creo que el Estado Social de Derecho, como garante de los derechos sociales, económicos y culturales, es el camino para encontrar la paz. Ésta es justamente la diferencia con la propuesta del Estado Comunitario del Presidente Álvaro Uribe

El constituyente de 1991 consideró que el logro de la paz, objetivo primordial del cambio constitucional, está ligado a la necesidad de fundar una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, basada en el Estado social de Derecho como estructura institucional que garantiza los derechos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, ninguno de los gobiernos que han seguido a la promulgación de la nueva Constitución ha demostrado un auténtico compromiso con este propósito. El Gobierno del Presidente Uribe es la expresión más extrema de esa tendencia. La propuesta del Estado Comunitario se ha convertido en una antítesis de la propuesta del Estado Social de Derecho en el sentido de que sus propuestas para alcanzar la paz, en lugar de estar dirigidas a garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la construcción de la democracia real, se fundamenta en el fortalecimiento de la estrategia militar y la restricción de los derechos civiles.

Tal situación queda comprobada a partir de varias de las reformas impulsadas por el Gobierno de las se pueden destacar las siguientes. En primer lugar, el proyecto de reforma constitucional que pretendía dar piso jurídico al "estatuto antiterrorista". Una iniciativa que daba pie a la restricción de derechos individuales y devolvía al país a la situación de los derechos del hombre antes de la revolución francesa. Este estatuto pretendía instaurar mecanismos como el otorgamiento de funciones de policía judicial a los miembros de las Fuerzas Militares, medidas que habían sido ya utilizadas en años anteriores en Colombia (estatuto de seguridad), y que en vez de demostrar su eficacia para combatir a los grupos violentos fueron fuente de injustas restricciones a los derechos de los ciudadanos. Tal reforma, por fortuna, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

En segundo lugar, la ley 789 de 2002 de reforma laboral. Esta ley fue aprobada a inicios del periodo presidencial y planteó como principales soluciones para el desempleo la disminución de los salarios y la flexibilización de la contratación laboral. Con ello se imponía el mayor peso de las medidas en el salario de los empleados y en su estabilidad laboral con el argumento de que era el instrumento eficaz para generar empleo. Frente a esta reforma destacaba la Contraloría General de la Nación en un informe del 2003: ".En cuanto al ritmo de generación de empleo en el sector formal, las cifras indican que la variación del número de ocupados en el área urbana (cabeceras) entre el segundo trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2003 es de 728 mil, de los cuales solo el 17% (124 mil puestos de trabajo) corresponde a empleos en el sector formal, lo que devela que la reciente dinámica de la demanda de trabajo proviene del sector informal de la economía y, por tanto, no es atribuible a la reforma laboral." El avance del desempleo entre 2003 y 2005 no ha sido sustancial y las consecuencias negativas de la reforma han recaído sobre los trabajadores.

Algo similar sucede hoy con la reforma impulsada por el Gobierno Nacional frente al tema de pensiones. La posición del Gobierno resulta bastante diciente. Por una parte apoyó vehementemente la eliminación de la mesada 14, figura que beneficia principalmente a las personas que ganan menos de tres salarios mínimos, y por otro, mantuvo una posición menos vehemente ante la iniciativa de imponer de manera inmediata un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones de los funcionarios públicos.

La ruta correcta para el Estado colombiano es, a mi juicio, la señalada en la Constitución de 1991, es decir, la lucha por hacer una realidad el Estado Social de Derecho. Este objetivo no podrá ser alcanzado si la carga de los problemas del Estado sigue siendo puesta exclusivamente sobre los hombros de los más débiles. Pocas instituciones han demostrado su compromiso con este ideal, entre ellas la Corte Constitucional, y tal vez sea por ello que con no poca frecuencia es objeto de críticas por parte del Gobierno.