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Migrantes venezolanos deben ser atendidos por el sistema de salud colombiano, dice Corte Constitucional

Tomado de: www.opinionysalud.com

Al revisar fallos de tutela que negaron el amparo a una ciudadana venezolana que llegó a Colombia en grave estado de salud, la Corte Constitucional decidió ordenar al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, que autorice los ciclos concomitantes de radioterapia y quimioterapia que le fueron ordenados por el médico tratante, igualmente determinó que los costos de estas atenciones de urgencias serán cubiertos directamente por el Departamento.

La paciente de Venezuela, Natty Yeraldín Sanguino Ruiz, informó que debido a su grave situación de salud y las precarias condiciones actuales del sistema de salud venezolano que le impedía conseguir los medicamentos y acceder al tratamiento de quimioterapia, tuvo que migrar hacia Cúcuta en búsqueda de atención médica, dejando a sus cinco hijos en su país de origen.

La paciente ingresó el 8 de julio de 2017 por urgencias a la sala de partos del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, con un intenso sangrado vaginal, dolor abdominal, dolores de cabeza, anemia y, en general, un estado inmunológico muy delicado; allí se le brindó atención médica de urgencias y se confirmó su patología (cáncer de cuello uterino, estadio IIIB). Además, le fueron iniciados los ciclos de radioterapia mientras se encontraba hospitalizada, los cuales inmediatamente mejoraron su estado de salud.

El 8 de agosto de 2017, promovió acción de tutela contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, por considerar vulnerados sus derechos a la salud y a la vida digna; el día 23 de agosto de 2017, dicho juzgado resolvió negar el amparo al considerar que los servicios de urgencias sí fueron prestados de forma efectiva, pero para acceder a tratamientos de alto costo, como lo son las quimioterapias, la accionante debía contar con un documento válido que demostrara que ha legalizado su permanencia en el país.

En consideración de la Corte, el Estado debe garantizar, como mínimo a los migrantes en situación de irregularidad, la atención de urgencias y la adopción de medidas colectivas eficaces con un fuerte enfoque de salud pública como es vacunaciones y atención de enfermedades de contagio directo.

La Corte insta al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Unidad Administrativa Migración Colombia la adopción de medidas dirigidas a la consecución de recursos de cooperación internacional y nacional, y cualquier otro tipo de medidas que le permita al Gobierno Nacional avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la salud de los migrantes sin importar su estatus migratorio.

Tomado de: www.opinionysalud.com




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